La Ley de Ingresos aprobada por Morena es el reflejo de una política económica irresponsable destinada al fracaso, con una recaudación de impuestos voraz que afecta la economía de los que menos tienen, afirmó ayer el presidente del comité directivo estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien además apuntó que el poco crecimiento económico con el que se concluirá 2019 y con el que transitaremos el 2020, será una consecuencia provocada por malas decisiones.
El dirigente habló de un posicionamiento que este lunes se formuló en todo el país y entronizó al exponer que el PRI en el Congreso se opuso a su aprobación “porque consideramos que no cumple ni atiende con las necesidades que enfrenta el país”.
Agregó que el grupo parlamentario de Morena al votar a favor de la Ley atentó contra la estabilidad económica del país y abrió un boquete en la economía familiar, en el desarrollo y la generación de empleos y en el desarrollo del campo mexicano.
“Estamos convencidos que se requieren medidas inmediatas que atiendan las necesidades de las familias. Por eso, planteamos la disminución del IVA e ISR para los mexicanos que viven en la frontera sur y norte del país; para apoyar la educación, propusimos la deducción al 100% de las colegiaturas escolares en todos los niveles”, indicó.
México requiere más y mejores empleos y eso lo lograremos incentivando la inversión pública y privada, por lo que, propusimos la deducción al 100% en el mismo año a las empresas que inviertan en nuestro país; “sin embargo, la mayoría oficialista que integra el grupo de Morena se negó a considerar estas propuestas en favor de las familias mexicanas, por ello el grupo parlamentario del PRI votó en contra de los dictámenes”.
De igual manera, expuso el presidente estatal priista, que las y los Diputados del PRI advierten que el paquete económico presentado es altamente irresponsable, pues está basado en buenas intenciones, y no atiende la realidad actual del país; “las y los mexicanos quieren y merecen una política fiscal que se vea reflejada en servicios públicos de calidad, que favorezca la inversión y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; así como que garantice finanzas públicas sanas y estables para evitar una crisis”.