/ viernes 28 de junio de 2019

Justifican costo de la videovigilancia

Hay mucho equipo que no se ve pero cuesta mucho más que el cascarón: Castrellón

Tras la polémica surgida a partir de la adquisición para la renovación de cámaras de videovigilancia e instalación de 256 nuevas, cuyo costo en una primera etapa, de acuerdo con el propio Gobierno del Estado era de 250 millones de pesos, la mañana de este jueves comparecieron ante diputados locales los secretarios de Seguridad Pública y Finanzas, quienes abundaron en el costo de estos aparatos, pues detrás de cada una hay una serie de implementos tecnológicos que de antemano son costosos.

Así lo dio a conocer el titular de la SSP, Francisco Javier Castrellón Garza, quien aseguró que desde la instalación de un poste, la fortaleza de la estructura, el calibre, la altura y el estabilizador son cuestiones que deben tomarse en cuenta para establecer una cámara de este tipo; a ello le siguen la fibra óptica o radiofrecuencia, el equipo de hardware para la repetición, almacenamiento y vigilancia, así como la adquisición de la licencia de software.

“Hay mucho equipo que no se ve pero cuesta mucho más que el cascarón, la cámara de entrada es lo más barato. Hay que agregarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el financiamiento porque es un contrato de arrendamiento plurianual, mantenimiento incluido durante tres años y medio”, entre otras cosas que incluyen la modernización del C4 en Gómez Palacio, comentó.

Y es que de acuerdo con Castrellón Garza asegura que el Centro Nacional de Información en conjunto con todos los protocolos y normas técnicas establecidas, manejan un promedio de 300 mil pesos por punto de videovigilancia, lo que coloca a Durango en el margen.

Por su parte el titular de las finanzas del estado, Jesús Arturo Díaz Medina, aseguró que por el tema, mismo que está relacionado con la cuestión de seguridad, se aborda con secrecía, sin embargo aseguró antes de entrar a la comparecencia a puerta cerrada con legisladores, que los procedimientos realizados para la asignación del contrato y adjudicación están plenamente regulados por la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

En este sentido el secretario de Seguridad en la enditad, informó que por tratarse de un tema de seguridad, la dependencia está exenta de realizar una licitación pública (así lo especifica la Ley de Adquisiciones), de ahí que este proceso se hace a través de un Comité Técnico de Adquisiciones de la SSP.

“A partir de febrero se hizo un análisis de mercado en el que buscamos empresas que tuvieran las características de fortaleza financiera, técnica, de respaldo legal y que pudieran ofertarnos en el esquema de lo que necesitamos en videovigilancia” comentó Castrellón Garza, quien señaló que una vez que se tuvo esta compañía se abrió la ficha técnica del C5, misma a la que solo tiene acceso el propio secretario.

“Se abre una vez que se hace todo este procedimiento y a la empresa se le abre la llave para que pueda acceder a nuestros sistemas y pueda interconectar la nueva tecnología a lo que es nuestro centro de información que es el C5”, informó el funcionario estatal.

Respecto al tema de los puntos ciegos, dijo que existe un análisis de inteligencia y monitoreo de las calles para brindarle la información a la Fiscalía General del Estado (FGE) al momento de requerirla en una investigación.

Cabe señalar que el contrato incluye la adquisición de 256 cámaras de videovigilancia, algunas de estas que serán reemplazadas. El mantenimiento se ha dado desde hace ya tiempo incluso con recurso de la propia SSP que permitió el cambio de algunas “estamos a más del 90% de efectividad, aquí lo importante es que este contrato nos va a ayudar a estar al 100%, más una cantidad importante de nuevos puntos de videvigilancia”, dijo.

Tras la polémica surgida a partir de la adquisición para la renovación de cámaras de videovigilancia e instalación de 256 nuevas, cuyo costo en una primera etapa, de acuerdo con el propio Gobierno del Estado era de 250 millones de pesos, la mañana de este jueves comparecieron ante diputados locales los secretarios de Seguridad Pública y Finanzas, quienes abundaron en el costo de estos aparatos, pues detrás de cada una hay una serie de implementos tecnológicos que de antemano son costosos.

Así lo dio a conocer el titular de la SSP, Francisco Javier Castrellón Garza, quien aseguró que desde la instalación de un poste, la fortaleza de la estructura, el calibre, la altura y el estabilizador son cuestiones que deben tomarse en cuenta para establecer una cámara de este tipo; a ello le siguen la fibra óptica o radiofrecuencia, el equipo de hardware para la repetición, almacenamiento y vigilancia, así como la adquisición de la licencia de software.

“Hay mucho equipo que no se ve pero cuesta mucho más que el cascarón, la cámara de entrada es lo más barato. Hay que agregarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el financiamiento porque es un contrato de arrendamiento plurianual, mantenimiento incluido durante tres años y medio”, entre otras cosas que incluyen la modernización del C4 en Gómez Palacio, comentó.

Y es que de acuerdo con Castrellón Garza asegura que el Centro Nacional de Información en conjunto con todos los protocolos y normas técnicas establecidas, manejan un promedio de 300 mil pesos por punto de videovigilancia, lo que coloca a Durango en el margen.

Por su parte el titular de las finanzas del estado, Jesús Arturo Díaz Medina, aseguró que por el tema, mismo que está relacionado con la cuestión de seguridad, se aborda con secrecía, sin embargo aseguró antes de entrar a la comparecencia a puerta cerrada con legisladores, que los procedimientos realizados para la asignación del contrato y adjudicación están plenamente regulados por la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

En este sentido el secretario de Seguridad en la enditad, informó que por tratarse de un tema de seguridad, la dependencia está exenta de realizar una licitación pública (así lo especifica la Ley de Adquisiciones), de ahí que este proceso se hace a través de un Comité Técnico de Adquisiciones de la SSP.

“A partir de febrero se hizo un análisis de mercado en el que buscamos empresas que tuvieran las características de fortaleza financiera, técnica, de respaldo legal y que pudieran ofertarnos en el esquema de lo que necesitamos en videovigilancia” comentó Castrellón Garza, quien señaló que una vez que se tuvo esta compañía se abrió la ficha técnica del C5, misma a la que solo tiene acceso el propio secretario.

“Se abre una vez que se hace todo este procedimiento y a la empresa se le abre la llave para que pueda acceder a nuestros sistemas y pueda interconectar la nueva tecnología a lo que es nuestro centro de información que es el C5”, informó el funcionario estatal.

Respecto al tema de los puntos ciegos, dijo que existe un análisis de inteligencia y monitoreo de las calles para brindarle la información a la Fiscalía General del Estado (FGE) al momento de requerirla en una investigación.

Cabe señalar que el contrato incluye la adquisición de 256 cámaras de videovigilancia, algunas de estas que serán reemplazadas. El mantenimiento se ha dado desde hace ya tiempo incluso con recurso de la propia SSP que permitió el cambio de algunas “estamos a más del 90% de efectividad, aquí lo importante es que este contrato nos va a ayudar a estar al 100%, más una cantidad importante de nuevos puntos de videvigilancia”, dijo.

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