La prisión preventiva oficiosa es una violación a los derechos humanos, y en México se estima que hay cerca de 93 mil personas en las cárceles sin que hayan obtenido una sentencia, afirmó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.
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Esta es una cifra muy alta, y en Durango debe haber también aproximadamente entre 500 a 600 personas en las cárceles sin saber aún su situación jurídica, y eso hace que la justicia no sea ni pronta ni expedita, añadió el diputado local.
“La comisión interamericana de derechos humanos ha dicho que en México se violan garantías y derechos, porque primero se encarcela y después se investiga, en vez de primero investigar y después encarcelar” dijo.
Se tiene presunción de que esta figura jurídica es utilizada con motivos políticos, y si se le quiere hacer daño a alguien se le encarcela, aunque después se le libere, pero por lo pronto se le priva de su libertad.
Dijo que los ministros de la corte tienen la oportunidad en su discusión al respecto, si se puede aplicar un artículo de la constitución en donde está el catálogo de delitos por los que se amerita prisión preventiva de oficio, o bien si se le puede dar una interpretación distinta a este concepto de prisión preventiva, para que pueda salvarse del obstáculo de no violentar los derechos humanos.
Luis Enrique Benítez Ojeda, añadió que originalmente la prisión preventiva que existe en todos los países, era para garantizar que algunas posibles violaciones o actos ilegales no quedarán impunes, tratándose de delitos graves, pero después se fue reformando la constitución y se fue ampliando el catálogo de delitos y ya no fue excepción, se convirtió en la regla.
