Para crear un entorno más seguro y respetuoso para todos, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) ha establecido, por primera vez en su historia, mecanismos exclusivos para la prevención y atención de casos de violencia de género y discriminación desde diciembre del 2021, cuando se implementó el protocolo de actuación en casos de violencia de género y discriminación, herramientas para proteger a los miembros de la institución, ya sean trabajadores, maestros y estudiantes.
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La UJED, que encabeza el rector Rubén Solís Ríos, ha reconocido que los casos de acoso son una problemática compleja que no se pretende minimizar ni ocultar, sino atacar, por eso con la atención y resolución de casos, demuestran la disposición de la institución para abordar la situación de manera efectiva, y las denuncias ante la Unidad de Atención y Prevención evidencian que hay confianza en la comunidad universitaria.
Ante un reciente caso en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde un docente atentó contra la intimidad de un grupo de estudiantes, a través de la Dirección de Comunicación Social de la UJED, se informó que se actuó de inmediato, y se destituyó al docente sin posibilidad de recontratación o transferencia a otra área, finalizó su pago y con ello finiquitó definitivamente la relación laboral.
Se reiteró que es prioritario preservar la integridad de quienes se vieron afectados y dejar en claro que la Universidad Juárez no tolera este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia.
Finalmente este martes 21 de noviembre, la FACSA volverá a sus actividades normales, tras haberse alcanzado acuerdos importantes entre estudiantes, directivos y autoridades universitarias, entre los cuales se incluye la separación de sus cargos, de otros tres docentes adscritos a la institución.
En otros casos que se presentaron en la Facultad de Medicina Veterinaria y la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, y que han sido reportados por estudiantes, se ha brindado la atención correspondiente, pero lamentablemente, en el último caso no existe una denuncia formal, por lo que las autoridades han instado a la parte presuntamente afectada, a iniciar el proceso conducente según el protocolo de actuación.