Llama minera Real del Oro a familia Gándara a respetar acuerdos

El convenio de ocupación temporal se asienta que “las partes están de acuerdo en que toda obligación que no conste por escrito será legalmente inexistente”

Erika Uribe | El Sol de Durango

  · jueves 19 de octubre de 2023

En el Acuerdo General estos se comprometieron a dirimir cualquier conflicto relacionado con el artículo 55 del reglamento de la Ley Minera / Foto: cortesía | Minera Real del Oro

Tras el reclamo realizado por parte de la señora Guadalupe Varela y la familia Gándara Varela respecto al pago de los bienes distintos de la tierra, y la homologación de los pagos de acuerdo a lo que se entregó al ejido Atotonilco, la mina El Castillo perteneciente a la empresa Minera Real del Oro, filial de Argonaut Gold, hizo un llamado para respetar el acuerdo general para la resolución de conflictos que se firmó recientemente por los pequeños propietarios.

A través de un comunicado señaló que el Acuerdo General en el que estuvieron presentes autoridades estatales y de la federación, estos se comprometieron a dirimir cualquier conflicto relacionado con el artículo 55 del reglamento de la Ley Minera y cualquiera de sus derivados ante los tribunales correspondientes.

La mina El Castillo emplea a 100 personas directamente en la operación, incluyendo a contratistas, con un efecto multiplicador de 150 empleos indirectos en la región / Foto: cortesía | Minera Real del Oro

De igual forma, asegura que la solicitud de homologación del contrato como “propietarios particulares con los de los ejidos con lo que Minera Real del Oro ha celebrado contratos de ocupación temporal, el análisis jurídico del corporativo ha determinado que esta petición no es legalmente procedente”.

Y es que aseguran que la contraprestación acordada por la vigencia del convenio de conformidad con la señora Guadalupe Varela supera en mucho el valor que pudiera tener el inmueble. Los montos de este contrato de ocupación temporal fueron cubiertos oportunamente y por adelantado.

Asimismo en la negociación para establecer los montos de convenios con los núcleos agrarios se consideran otros factores importantes como el aspecto social, donde se procura que el monto pactado sea justo para beneficiar a una mayor cantidad de personas que conforman un ejido y que la utilidad económica llegue al mayor número de personas y de manera proporcional a quienes lo integran.

Incluso afirman que en el convenio de ocupación temporal con Guadalupe Varela se asienta que “las partes están de acuerdo en que toda obligación que no conste por escrito será legalmente inexistente y carecerá de toda validez, sujetándose a lo que la legislación vigente indique”; por lo que en esta cláusula las partes acordaron que ningún compromiso que no conste por escrito podrá ser reconocido.

La empresa minera se reunió con pequeños propietarios de San Juan del Río / Foto: cortesía | Minera Real del Oro

Explicaron que en una reciente reunión sostenida con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Procuraduría Agraria, con la familia Gándara se estableció que no existe un compromiso de pago adicional verbal, ni por escrito derivado del Acuerdo General con el que los pequeños propietarios recibieron una importante suma en septiembre 2023 para restablecer la relación cordial y transitar con su acompañamiento en la fase de Restauración Integral de El Castillo.

“Minera Real del Oro ha brindado una atención cordial y respetuosa a los propietarios particulares, brindando respuesta formal y por escrito a estas peticiones explicando las razones por las cuales su solicitud no son procedentes, respuesta que no ha satisfecho a la Familia Gándara, por lo anterior la empresa exhorta a mantener el mecanismo de resolución de conflictos por la vía del diálogo para cualquier conflicto o reclamo. En el caso de su solicitud de homologación de contrato y sobre el Art. 55 la empresa hace un llamado a respetar el Acuerdo General firmado en septiembre 2023”, señala el documento.


Actualmente, la mina El Castillo emplea a 100 personas directamente en la operación, incluyendo a contratistas, con un efecto multiplicador de 150 empleos indirectos en la región. Tan solo esta unidad genera una derrama económica anual que asciende a los 75.9 millones de pesos en salarios, pagos de derechos e impuestos, programas de inversión social y pagos especiales a los núcleos agrarios, en lo que va del año 2023.

Esto sin considerar en este monto los pagos de servicios a proveedores y contratistas, además de los pagos que se realizan puntualmente a los ejidos y particulares por el arrendamiento de tierras.