"La disposición emitida por el INE para que se retiren 278 anuncios espectaculares y propaganda ubicada en equipamiento urbano por parte de Morena, evidencia el actuar ventajoso con el que actúa este partido que utilizando un membrete que simula una asociación civil, burla a las autoridades electorales", aseveró el dirigente estatal del PRI, Arturo Yáñez.
En conferencia de prensa anticipó que la alianza "Va por Durango" le demandará al Instituto Nacional Electoral (INE) inhabilitar a los dueños de las estructuras de espectaculares durante el proceso electoral.
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De manera conjunta con el resto de partidos que conforman la alianza, Yáñez Cuéllar reforzó que Morena pretende con el uso de espectaculares por todo el estado y por todo el país, afectar el equilibrio y las condiciones de equidad para que la ciudadanía participe, o no, en esta jornada.
El líder tricolor marcó que los 278 espectaculares, bardas, lonas que debe retirar Morena y la organización que utilizó para destinar millones de pesos en esta propaganda, comprueban que el partido que gobierna al país no respeta la democracia, porque convierten a este ejercicio que pretendía ser democrático y equitativo en una campaña de proselitismo pagada con los impuestos de todos los mexicanos.
Agregó que es evidente que una organización civil no tiene recursos para colocar propaganda por miles de millones de pesos a lo largo y ancho del país como quieren hacerlo parecer, “Morena le quitó recursos a los organismos no gubernamentales y ahora vemos en dónde los colocó; su destino fue este tipo de asociaciones hechas a modo: corrupción oficializada”.
De ese tamaño es la preocupación de Morena por la elección de este año, “pretenden a través de esta indebida campaña sacar ventaja en las elecciones de los 6 estados en donde elegiremos nuevos titulares de los gobiernos estatales”.
El dirigente estatal priista subrayó que es un hecho que Morena utilizará las argucias que sean necesarias para seguir con su campaña de estado, “de hecho vimos como junto con sus aliados, aprobaron con su mayoría en la Cámara de Diputados, un decreto para que diputados y funcionarios puedan promover la revocación de mandato”.