SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- La familia Gándara Varela desmiente el comunicado que emitió la empresa minera Real del Oro, a través del apoderado legal Martín Ramírez Moreno hicieron público el incumplimiento hecho por la empresa, a través del entonces director Alfredo Phillips, teniendo como testigo a Alfredo Herrera Deras, titular de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco).
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"Que nos den el derecho a réplica respecto a la nota publicada en El Sol de Durango el pasado martes 17 de octubre, donde concretiza la empresa de que no se debe nada, tienen razón en cuanto a ejidos y comunidades, pero a la familia Gándara por supuesto que se les debe, que la empresa de cumplimiento al artículo 55 en su fracción primera, aunque para ellos, para una señora Margarita Bejarano y un señor Alfredo Phillips dicho artículo no existe, solo que la ley no la hicimos nosotros, sino hecha para que se dé cumplimiento a las diferentes actividades que establece la extinta Ley Minera, hoy Ley de Minería", destacó el apoderado.
En entrevista para El Sol de Durango, explicó que se les adeuda el pago de los bienes distintos de la tierra, por lo que se les debe pagar el acuerdo como en el ejido Atotonilco, que es el vecino inmediato, "además que se dé cumplimiento a la homologación; pedimos el cumplimiento a la familia Gándara conforme a la homologación del resto de los ejidos vecinos, en función de cómo se paga a los ejidos.
La empresa se niega, estando un testigo de calidad como lo es Alfredo Herrera Deras, Secretario de Economía del Estado, donde ellos entraban a la negociación, habiendo hecho un compromiso verbal, donde estuvieron Alfredo Phillips, el VP de asuntos corporativos de la empresa, Alfredo Herrera y su servidor, Alejandro Ramírez Moreno como apoderado legal de la familia Varela Gándara".
Asimismo, indica que "Phillips hizo entonces el compromiso de que no pasaría el 30 de septiembre de 2023 para que se arreglara el tema de la familia Gándara, lo cual no ha ocurrido y le dio instrucciones a Sandra Magaña, de Servicios Comunitarios, para que se encargara de las negociaciones correspondientes y al día 30 quedar concluido".
El 29 de dicho mes los convocaron a la mina, "solamente para decirnos que se haría recorrido para la cuestión del cierre, de lo demás no hubo nada, lo negaron con el argumento de que no había razón de pagar, cuando antes, el director de la empresa se había comprometido a realizarlo pero además, Phillips se desdijo luego frente a Herrera Deras del compromiso hecho".
Posteriormente, Herrera Deras ratificó que ahí se quedó de que se haría el pago, con otros conceptos y analizar la cuestión del cierre de la mina, "pero jamás se dijo que con el cierre se pagaba. Pero como ya despidieron a Phillips y a Margarita Bejarano ya no son del corporativo, ahora no tenemos con quien negociar, pero aclaramos que el acuerdo no fue con personas sino con la institución", señaló Ramírez Moreno.
La familia Gándara posee un documento por parte de la Procuraduría Agraria, cuya copia entregó al corresponsal de El Sol de Durango, el que indica que desde 2017, cuando se inició la negociación, hay acuerdos con los diferentes jefes de la empresa minera, "nos queda claro que no es con las personas con quien se negocia sino con la empresa Argonaut Gold y la subsidiará establecida en San Juan del Río, Mina El Castillo", aseveró.
A la familia Gándara se le hizo un pago único en el año de 2011, por un contrato de cien hectáreas de ocupación temporal, donde está exactamente ese contrato igual que el de los ejidos y comunidades, deben de dar cumplimiento; el año 2012 la empresa debió haber homologado con el ejido Atotonilco; en el 2015 debieron haberlo hecho con el ejido Otilio Montaño, tampoco lo hicieron, terminó diciendo.