El personal sindicalizado de la Mina Velardeña, propiedad de Industrias Peñoles, demandó públicamente la inmediata intervención de las autoridades gubernamentales del estado de Durango, así como de las instancias federales competentes, para poner fin cuanto antes al paro que desde hace dos semanas los ha mantenido alejados de sus actividades laborales y, por tanto, sin sus percepciones salariales.
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Encabezados por Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico “FRENTE”, con quien se reunieron ayer lunes en Torreón para analizar la situación que enfrentan y buscar alternativas de solución, los inconformes calificaron abiertamente como ilegal el paro que, dijeron, no es más que un bloqueo en el que participan no más de 30 de los casi 700 empleados que laboran a la mina y que, sostienen, es orquestado por gente externa, que nada tiene que ver con la base trabajadora ni con la empresa.
Anticiparon que este martes estarán en la ciudad de Durango en la sede de la Cámara de Diputados, desde donde reiterarán su llamado a las autoridades gubernamentales en la intención de que se decidan a actuar ya en contra de los orquestadores del movimiento que mantiene paralizado su centro de trabajo ubicado en el municipio de Cuecamé.
Pavón Campos dijo desconocer a ciencia cierta cuál es el objetivo que persiguen quienes prácticamente se han posesionado de la mina, en lo que a todas luces constituye un delito ante el cual la empresa seguramente tomará las medidas legales pertinentes. En su opinión, quienes están involucrados actúan por capricho y fuera de la legalidad, ya que un paro de actividades legítimo en todo caso tiene que darse con la participación de los auténticos trabajadores y a partir de un previo emplazamiento a huelga.
Para el dirigente sindical, es de llamar la atención el hecho de que en este caso figura como uno de los principales orquestadores una persona identificada como Erick Pulido, quien en la actualidad no tiene ningún tipo de conexión con Peñoles, ya que hace año y medio fue despedido como trabajador de la Mina Velardeña.
Advirtió que independientemente de las acciones legales que eventualmente se decida a promover Industrias Peñoles, por lo que respecta a la organización sindical que él representa habrán de formalizarse todas las denuncias que el caso amerita, una de estas ante tribunales internacionales en materia de derechos humanos, dado que se está vulnerando el derecho al trabajo de cientos de personas.
Sobre la necesidad de una urgente intervención de las autoridades gubernamentales en este asunto, comentó que ya ha habido algunos conatos de enfrentamiento ante la creciente molestia de los trabajadores que están impedidos para retornar a sus labores y se han quedado sin ingresos, por lo que debe haber cuanto antes una solución.
Se hizo notar que además de los casi 700 trabajadores de la mina directamente afectados, también resiente los efectos del paro el personal de distintas empresas contratistas y proveedoras, y preocupa seriamente el hecho de que el impacto de esta movilización ya está dañando la economía de muchos pequeños establecimientos comerciales y de servicios de Velardeña y otras comunidades vecinas que, ante tal situación, se han quedado de manera temporal casi sin clientela.
