En Durango ningún funcionario público -incluido el Gobernador- podrá ganar más que el próximo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; es decir, no más de 108 mil pesos mensuales, así aprobaron por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado las distintas fracciones partidistas -Morena, PT, PAN, PRI y Partido Verde- al realizar una reforma inédita a la Constitución Política del Estado en su artículo 61 y en donde, además, advierte que habrá sanciones penales y administrativas en contra de quienes incumplan o eludan por simulación esta disposición legal.

La Comisión de Puntos Constitucionales presidida por el diputado Rigoberto Quiñonez Samaniego, presentó ante el pleno el dictamen de las iniciativas presentadas en su momento por los diputados Pablo César Aguilar

Palacio, Elia del Carmen Tovar Valero y Alejandro Jurado Flores del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, así como por los legisladores Juan Carlos Maturino Manzanera, María Elena González Rivera, David Ramos Zepeda, José Luis Rocha Medina y José Antonio Ochoa Rodríguez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los legisladores de Morena señalaron que los sueldos o remuneraciones que perciben los servidores públicos ha sido motivo de múltiples discusiones por la implantación arbitraria y excesiva respecto de aquéllos que se manejan entre la ciudadanía de Durango.

“Así pues, resulta irritante y hasta cierto grado provocador que una economía como la nuestra, que penosamente no es de las primeras a nivel nacional, asigne salarios a sus empleados públicos de alto nivel, comparables, y en algunas ocasiones superiores con los salarios que en puestos similares ganan los funcionarios de las primeras economías del mundo”, sustentaron.

Agregaron que debido a que los ingresos de los altos funcionarios son superiores al resto de los trabajadores del Estado, el abismo salarial entre unos y otros con justa razón ofende e indigna a la ciudadanía y por ello se constituye en el motor que impulsa esta iniciativa.

Por su parte, los diputados del PAN señalaron en su iniciativa que para todos es conocido que uno de los asuntos que mayormente molesta a la sociedad es el de los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan.

“Es ofensivo observar cómo en regiones del estado donde se vive en condiciones de verdadera miseria y donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, existen servidores públicos con sueldos y prestaciones económicas que resultan incluso en algunos casos superiores a las percepciones del propio Gobernador del Estado”

En este contexto, la remuneración de los servidores públicos debe responder, entre otros, a criterios tales como el grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de manera que se eviten disparidades inadmisibles entre cargos de características similares, con fundamento en el principio jurídico que establece que a trabajo igual corresponde salario igual.

Por ello, señalaron que es de vital importancia buscar el transparentar a la sociedad el esquema de remuneraciones de los servidores y las bases y criterios bajo los cuales se establecen este tipo de remuneraciones, siendo este un punto importante en la lucha en contra de la corrupción, ya no se podrán establecer remuneraciones exageradas o que no sean acordes al puesto que el servidor público desempeña. En este sentido, la remuneración tendrá en todo tiempo el carácter de información de interés público.

De esta forma, se dispuso necesario adecuar el marco normativo local al marco federal, el cual estableció la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, fue aprobado este dictamen como decreto número 31, mismo que se enviará para su aprobación correspondiente a los 39 ayuntamientos del estado de Durango.