La Secretaría de la Contraloría del estado ha emprendido un total de 130 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 106 han sido abiertos en contra de funcionarios de la administración pasada y 24 de la actual, así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Raquel Leila Arreola Fayad, tras advertir que “nadie está por encima de la ley”.
Al comparecer ante el pleno del Congreso del Estado con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del mandatario estatal, José Rosas Aispuro Torres, Arreola Fayad agregó en este sentido que se han aplicado 123 medidas disciplinarias, de las cuales 99 han sido para ex servidores públicos y 24 para los que están en funciones.
En el 33% de los casos se ha procedido con inhabilitaciones, un 20% han sido amonestaciones, y 14% han sido sancionado con suspensiones y destituciones, detalló la funcionaria estatal.
En el salón de plenos del Congreso del Estado, la contralora afirmó que se “ha transitado de la transparencia a la rendición de cuentas” y detalló que en la dependencia se reciben todo tipo de denuncias mediante 459 buzones que están en todo el estado, así como quejas y sugerencias, por lo que se han recepcionado 259 denuncias y 86 inconformidades.
Reforzó que se han realizado 44 inhabilitaciones, y en este año se han aplicado 123 medidas disciplinarias dictadas, el año pasado fueron 135; en 2017 se dictaron apenas 48 inhabilitaciones.
Arreola Fayad expuso que entre las acciones que ha realizado la Secretaría de la Contraloría se encuentra la vigilancia del recurso público en 20 fideicomisos y es la primera vez que se auditan en su totalidad, “nunca se habían auditado”.
En el caso del recurso federal, durante este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó el 100% de los recursos, es decir, 35 mil millones de pesos, y del monto total observado Durango tiene un tercer lugar, con el 0.1 por ciento para solventar.
En forma adicional se vigilaron 810 licitaciones públicas e indicó que el 98% de los diferentes organismos de la administración pública cumplen con estricto apego a la ley.
“Lo que más buscamos es que vaya despareciendo la corrupción de la que todos nos dolemos”, apuntó; que la obra pública, los arrendamientos o servicios que se tengan que hacer uso de ellos, se haga de acuerdo a la ley.
