De acuerdo con el Diagnóstico Penitenciario 2018–2019 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), califica a los tres penales que operan en el estado de Durango con un 6.3, lo que significa que se encuentran en la media nacional dentro de la zona amarilla, junto con otras 20 entidades. Esto derivado de las condiciones en las que actualmente opera el Centro de Reinserción Social No. 1, ubicado en la capital del estado, el cual es todavía insuficiente y poco funcional para el número de internos que se encuentran en el mismo.
Si bien es cierto, la calificación media nacional es de 6.45 puntos, el Cereso No. 1 tiene una evaluación reprobatoria con apenas 5.66, y es que aspectos a evaluar como la existencia de condiciones para garantizar la integridad física y moral del interno a una estadía digna y reinserción social del interno, aún se encuentran con calificaciones reprobatorias.
Tan sólo las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos, tanto en el ingreso, como en los dormitorios, los observadores de la CNDH lo califican con un 2.36; y no sólo eso, sino que calificaron en ceros todos los puntos evaluados sobre las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones de los dormitorios para alojar internos sancionados.
Lo mismo en el caso del área médica, donde en el caso centro como el de Menores Infractores, mismo que pese a no encontrarse en el estudio, también forma parte de constantes revisiones por parte de este organismo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Güereca, se dijo sorprendido ante la falta de implemento como el estetoscopio en el consultorio médico, así como la delimitación de un área especial para la revisión de mujeres, que al ser poca la población en este lugar los implementos estaban guardados.
Otro de los aspectos donde el Cereso No. 1 de la ciudad de Durango salió reprobatorio, es aquel donde hace referencia a la separación entre procesados y sentenciados, pues comparten áreas comunes y dormitorios, cuyas celdas son ocupadas hasta por 11 personas en espacios diseñados para seis personas.
Todo ello derivado de lo que denominó una situación extraordinaria, ya que ante el cierre del Cereso No. 2 instalado en Gómez Palacio, fue necesario trasladar a los internos al que se encuentra en la capital del estado y esto complicó la condición de hacinamiento constantemente cuestionada.
“Yo tengo confianza que con las gestiones del gobernador, ante el Presidente de la República, ya se abra el nuevo Cereso, lo que permitirá desfogar la situación. Yo creo que son esas cuestiones lo que no le ha permitido a Durango capital tener un mayor avance”, señaló el responsable de los Derechos Humanos en el estado.
Al cuestionarlo por el trabajo que realiza la Comisión Estatal en materia de centros penitenciarios, Marco Antonio Güereca apuntó que existe un programa muy parecido al que realiza la CNDH, en el que periódicamente supervisan los tres centros que se encuentran en la entidad, pues pese a que una persona se encuentre privada de la libertad por haber cometido un delito, no significa que pierde la dignidad humana.
Reconoció que pese a todo lo anterior, recientemente el Cereso No. 1 recibió un reconocimiento a nivel nacional por el alto porcentaje de internos que han logrado tener un certificado escolar a través del Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA).
“También estuvimos en el Certmi y este tuvo observaciones muy pequeñas y aquí también hubo una situación muy especial con un traslado de menores infractores a Durango capital, pero estos señalamientos fueron muy de forma”, comentó el ombudsman.
Asimismo resaltó que si bien es cierto las calificaciones para las cárceles no fueron las mejores, también es verdad que las condiciones económicas no son las mejores para generar espacios aptos en todos los sentidos para los internos.
El nuevo Cereso de Durango
A inicios de noviembre, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Javier Castrellón Garza informó que pese que las nuevas instalaciones del Cereso estaban prácticamente concluidas, lo que mantenía a la espera del traslado de los internos era el recurso para la operatividad, ya que señaló que se requiere un aproximado de 100 millones de pesos anualmente, de ahí que se encuentra en gestiones.
“Es un proyecto que no fue planeado en tierra y solo en el escritorio, se dejó de lado el recurso de operación y en una infraestructura de más de 30 hectáreas con alta tecnología debieron preverlo”, comentó en aquel momento.
Asimismo apuntó que solo quedaban pendientes algunos detalles de la obra como la conexión de energía eléctrica, la puesta en operación del pozo de agua y probar los lectores de rayos x, además de la planta de aguas residuales.
En aquella ocasión Castrellón Garza subrayó que es una obra que urge debido a que el actual Cereso ya concluyó su vida útil, sin embargo la puesta en marcha depende del tema recurso.
En cuanto al recurso humano indicó que se encuentran en la etapa de preselección misma que dará paso al examen de control y confianza y por último la contratación.