Luego del proceso de insaculación realizado por el Senado de la República, en donde se estipula el número de cargos que serán elegidos mediante el voto popular en la elección del próximo año, el magistrado del Vigésimo Quinto Circuito con sede en Durango, Marco Antonio Meneses Aguilar, calificó al procedimiento como una afrenta al Estado de Derecho en la que a través de un juego de feria decidieron sobre el profesionalismo, experiencia y vocación de quienes imparten justicia.
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Confirmó que son ocho plazas las que van a concursarse en Durango de los 17 cargos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el estado, se trata de un juez laboral, un juez penal, dos mixtos; además de un magistrado de apelación y tres colegiados de amparo.
A la fecha existe ya han sido aprobadas las iniciativas de reforma a la Ley General de Procedimientos Electorales y a la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, en Comisiones de la Cámara Baja de Diputados del Congreso de la Unión.
Sin embargo señaló que con estas “adecuaciones” hechas al vapor, solo derivan en decisiones que ni siquiera están bien realizadas y por las que se verán obligados a hacer una reforma más a la Constitución ante las inconsistencias que existen; lo mismo sucederá con las leyes secundarias.
“Ya inició el proceso electoral desde el 16 de septiembre, de manera que lo que sigue es la destitución masiva de jueces y magistrados”, comentó Meneses Aguilar, quien acusó de mentira el inicio del proceso electoral, ya que existe a nivel Constitucional existe un derecho de inamovilidad de jueces y magistrados locales y federales; pero nunca lo respetaron.
Por lo que continuarán con la lucha emprendida en los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que México está integrado y donde se establece que estos cargos no pueden ser removidos no solo porque así lo indica el Estado de Derecho, sino porque también son un contrapeso al Poder Ejecutivo y Legislativo.
“Al Estado Mexicano no le importa el Derecho, lo único que le importa es la política”, comentó el magistrado del Vigésimo Quinto Circuito, quien dijo luchará hasta las últimas consecuencias conforme a lo que establecen las leyes nacionales e internacionales.
De ahí que pese a haber ordenado el levantamiento de la suspensión parcial de labores a partir del 16 de octubre, aún están a la espera de la postura que tengan las bases, ya que solo ellos decidirán de manera democrática si continúan con este movimiento o retoman sus funciones.
“Si debemos cambiar la estrategia, que les quede muy claro que no significa un paso atrás, sino verificar un tema estratégico para enfrentar todo lo que viene, ya que ellos no acatan las suspensiones de jueces federales con relación a la reforma Constitucional”, dijo.
