Recientemente el diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, propuso reformar el Código Penal del Estado, para establecer sanciones más severas en contra de quienes utilicen terapias de conversión, en este sentido el activista, Ezequiel García Torres, apuntó que existen muchas clínicas disfrazadas de centros de rehabilitación a las que son llevadas las personas de la comunidad LGBTQ+ para tratar de hacer una “corrección” de su orientación sexual y de género.
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Por lo que de aprobarse dicha propuesta, la Secretaría de Salud en Durango (SSD), deberá regular este tipo de lugares que atentan contra los derechos humanos y la integridad de las personas, aseguró el líder defensor de la comunidad LGBTQ+ en el estado.
Explicó que algunas de las acciones que realizan al interior de estos centros y que forman parte de los testimonios de personas que han estado internados en esos lugares son las denominadas “violaciones correctivas”, además de electroshoks, la violencia psicoemocional, física, además de terapias en las que los obligan a dañarse entre ellos mismos “para que sientan que eso es dolor y no su orientación o identidad”, comentó.
En su mayoría son los papás quienes llevan a sus hijos hacia estos lugares, con el agravante de que suelen ser menores de edad quienes sufren este tipo de abusos, “con esto estás volando el interés suprior del menor, el libre desarrollo de la personalidad, y entonces partimos de eso, de que están violentándose todos estos derechos”, aseguró García Torres.
Señaló que a la fecha, en pleno siglo XXI no ha sido posible erradicar este tipo de prácticas, y su prohibición tampoco se ha plasmado en la legislación, por lo que se desconoce cuál es el interés que hay detrás de esta negativa de legislar a favor de los derechos de las personas de la comunidad LBTQ+.
Confía en que en esta Legislatura se tome en cuenta el interés superior de la defensa de los derechos humanos de las personas, de ahí que celebró que más diputados independientemente de las fracciones o de los ideales que tengan, se hayan mostrado empáticos y se sensibilizaron ante esta propuesta luego de escuchar los testimonios recabados.
Por lo que la intención es que ya exista una sanción contra estos hechos y que sea con una pena rigurosa con años en prisión para que valga la pena todos los años recorridos con este movimiento.
Cabe señalar la iniciativa del diputado de Movimiento Ciudadano radica en reformar al Código Penal del Estado para establecer sanciones de dos a seis años de prisión, y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario, para quienes caigan en estas prácticas.
