El decreto que reconoce, protege, preserva y salvaguarda los lugares sagrados de los pueblos originarios también conlleva un plan de justicia para abatir las carencias sobretodo de servicios básicos en los pueblos originarios, indicó Olga Santillan Rodríguez, titular de la representación de la oficina del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Durango.
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La funcionaria federal explicó que datos estadísticos demuestran que los pueblos originarios están en pobreza extrema sobre todo por la falta de servicios básicos como agua potable y luz eléctrica.
“Las comunidades indígenas están totalmente olvidadas, no cuentan con los servicios básicos, es por ello que en el plan de justicia se plantean dichas demandas”, dijo la entrevistada.
Aseguró que el decreto que firmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de agosto ha sido histórico para los pueblos originarios del estado, ya que de ahí surge un plan de justicia en el cual el principal planteamiento es la protección de los lugares sagrados, ya que es fundamental que se protejan, pues para ellos son el origen del todo, de la vida.
Añadió que en el plan se reconocen cinco lugares sagrados, los cuales son la ruta de peregrinación y uno de esos lugares es Cerro Gordo en San Bernardino de Milpillas Chico, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo.
Santillan Rodríguez enfatizó que el decreto de lugares sagrados ha sido una demanda que data de muchos años atrás y ahora se ve cristalizó, “como nosotros vemos la vida y el mundo, reconocer el término de lugar sagrado y no sitio sagrado”, finalizó