El Poder Judicial del Estado de Durango (PJED) y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (INEVAP), acordaron iniciar un proceso de evaluación que permitirá diagnosticar los procesos administrativos, jurídicos y operativos para mejorar el desempeño en cada una de las áreas jurisdiccionales.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del PJED, Ramón Gerardo Guzmán Benavente sostuvo una reunión con el titular del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, Emiliano Hernández Camargo, donde estuvieron presentes los consejeros de la Judicatura y los jueces del ramo civil del Primer Distrito del Poder Judicial y los consejeros del propio Instituto.
Luego de una firma de convenio en julio de 2021, el titular del INEVAP presentó la ruta de evaluación que habrá de iniciar con la revisión de los procesos que se realizan en los Juzgados de la materia civil del Primer Distrito Judicial, como una prueba piloto para extender le evaluación a las demás áreas.
El proceso de evaluación que habrá de iniciar el INEVAP tiene como principal objetivo analizar y valorar los procesos y recursos de los juzgados en la materia Civil, a fin de impartir una justicia pronta y expedita.
Entre los trabajos que el Instituto habrá de realizar, se encuentra examinar si los recursos financieros que ejercen los juzgados en materia civil, contribuyen al desempeño adecuado de su función jurisdiccional.
Asimismo, se habrá de analizar de manera sistemática la integración y alineación de los procesos jurisdiccionales de los juzgados a evaluar, para determinar si el desempeño responde a la exigencia de una mejor impartición de justicia.
Se habrán de revisar en cada uno de los juzgados, el desempeño de los recursos humanos, se valorará además la infraestructura y tecnología además de revisar los vínculos interoganizacionales en los juzgados de la materia civil.
La evaluación arrojará un diagnóstico que permitirá al Poder Judicial del Estado de Durango, conocer las áreas de oportunidad, corregir fallas y en general, implementar las mejoras necesarias que permitan lograr un trabajo eficiente y por ende, los resultados en materia jurisdiccional que la sociedad espera.