“Es falso que la pretendida reforma judicial encuentra apoyo general en la sociedad”, aseguró el coordinador de magistrados en el XXV circuito federal en Durango, Marco Antonio Meneses Aguilar, quien emitió un pronunciamiento en relación a la reforma al Poder Judicial que plantea como eje rector, la elección de jueces y magistrados a través del voto popular.
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En medio de la plaza cívica de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, el orador advirtió que la generalización de la existencia de un sistema corrupto en el país no tiene sustento, aunque como oferta política “busca hacer imposible liberarse de su fascinación y hacer creer que la corrupción es la que origina la necesidad de reformarlo”, comentó.
Criticó que la forma en que se ha hecho la narrativa, pero ésta no se ha hecho para lograr una verdadera reforma de, sino bajo el desprecio que le tiene a los contrapesos.
Y es que de acuerdo con el especialista en el Derecho, desde la llegada de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, donde comenzó a existir un verdadero contrapeso por parte del Poder Judicial ante el Ejecutivo federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se decidió a enviar la reforma que había sido solicitada por los legisladores morenistas.
“Lo decimos tajantemente, como trabajadores del Poder Judicial de la Federación rechazamos el calificativo de la corrupción y que esta sea el ropaje de la institución que con dignidad, honor y profundo respeto representamos”, dijo Meneses Aguilar, ante el público espectador.
Aunque reconoció que el sistema judicial no ha sido perfecto, reiteró que esta modificación obedece más a motivaciones que son totalmente ajenas al interés de mejorar las condiciones en las que se imparte la justicia en beneficio de los mexicanos; y por el contrario sí es parte de una prebenda política del Poder Ejecutivo.
“El estudio nacional más reciente (año 2023), realizado por el Consejo de la Judicatura Federal sobre la percepción de la calidad de los servicios que proporcionan los órganos jurisdiccionales a las personas usuarias y/o justiciables, reveló que el 91.6% de los encuestados la calificó de muy bien o bien”.
El principal problema para el acceso a la justicia no son los tribunales, sino otros operadores jurídicos como las agencias de investigación o los servicios de atención a víctimas, es decir, aquellas instancias donde la población tiene el primer contacto y que en muchas ocasiones no son escuchadas.
De ahí que “no es sensata una reforma que atienda a los verdaderos obstáculos para acceder a la justicia”, aseguró en el pronunciamiento realizado, en donde además aseguró que la reforma pretende cambios profundos entre los que se encuentran la imposición de un modelo de selección de personas juzgadoras elegidas mediante el voto popular; así como la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, por un órgano de administración y un tribunal de disciplina.
Lo que consideran una elección arbitraria que derivará en compromisos no con la justicia, sino con la agenda legislativa y proyectos políticos que la mayoría apoye para convencer a los electores, “será dependiente y aduladora del clientelismo partidista y de los grupos de poder sin importar el derecho”, dijo.