La semana pasada se dio a conocer que los gobernadores de las 32 entidades del país enviaron una carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para pedir que no se modifique la figura de prisión preventiva oficiosa la Constitución, ante esto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dijo haberse sumado a esta solicitud pues podría resultar contraproducente para la detención del responsable de un hecho delictivo.
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“Si yo a un violador ahorita que alguien lo está denunciando, no lo puedo detener porque la ley lo protege, por supuesto que se va a ir mañana, porque ya sabe lo que le va a pasar si lo enjuiciamos”, señaló.
Aseguró que en casos extremos como sucede con violadores, feminicidas o pederastas; cuyos delitos están comprobados, no pueden dejarlos ir, deben detenerlos antes de que escapen.
Ejemplificó la situación con el caso de Madelaine, la pequeña de tres años que fue abusada y asesinado a manos de su padrastro y su madre, “no hubiéramos podido nosotros hacer absolutamente nada porque la ley los protege, no pues es una locura”, dijo el mandatario estatal.
Si bien está consciente de que existe una ley internacional y puntos de vista distintos, quienes emiten sus opiniones y posturas lo hacen desde una posición en la que no se hacen cargo de la seguridad de un estado, por lo que este tipo de decisiones representa para los gobernadores un gran problema.
“Imagínense hay un violador identificado, vamos por él y la ley nos dice que no lo podemos agarrar hasta que realmente veamos que se va a ir mañana, ¿a quién le van a reclamar?”, dijo al señalar que la sociedad lo increpará a él como responsable de la administración estatal.
Y es que desde su trinchera, muchas veces la sociedad desconoce este tipo de adecuaciones a las legislaciones por un acuerdo internacional, mientras tanto la responsabilidad de eso la debe asumir el gobernante.
“Creo que eso no puede suceder y ojalá lo puedan frenar. Yo estaré a favor de los derechos humanos siempre, pero a veces también se hacen cosas que van contra toda lógica”, concluyó.
Destacar que esta declaración surge ante la posibilidad de que se modifique la figura de prisión preventiva oficiosa, por medio de la cual se detiene y encarcela a una persona para ser investigada, lo que de acuerdo con organismos de Derechos Humanos esto constituye una violación al derecho de presunción de inocencia y de libertad personal.
Lo anterior luego de que la SCJN haya tomado en cuenta dicha observación y se encuentre en la preparación de diversos proyectos para llevar a cabo la modificación de ésta, después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sancionó a México el año pasado y le ordenó retirarla de la Constitución.
