Por primera vez todos los funcionarios públicos del Gobierno estatal, sin importar nivel jerárquico o remuneración, están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses; el plazo vence este 31 de mayo y a la fecha solo han cumplido un 50% de los 54 mil servidores públicos.
A través de Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoed), se informó que este gobierno trabaja en transparentar el patrimonio de sus servidores públicos para evitar actos de corrupción. Incluso Durango fue uno de los primeros estados que implementó de manera electrónica los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Este año declararán 54 mil funcionarios estatales, para sumar 70 mil con los servidores públicos de organismos con los que se firmó convenio para el uso de la plataforma. A la fecha solo se han recibido 27 mil 16 declaraciones.
Durante la presente administración estatal se creó la Dirección de Situación Patrimonial y de Intereses para fiscalizar las declaraciones y aplicar las nuevas facultades que se le otorgaron el 17 de mayo del 2018 con la Reforma a la Constitución Política del Estado de Durango.
La declaración se realiza vía electrónica, para ello se desarrolló la plataforma Declara Durango, misma que por segundo año se encuentra en funcionamiento y lista para cargar la información.
Los tipos de declaración que se presentan son: inicial, modificación, conclusión y aviso de cambio, dependiendo de la situación laboral de cada servidor público.
También se incluyen 36 convenios firmados con municipios y 8 convenios firmados con organismos autónomos. Se puso a disposición de los entes públicos (organismos autónomos y ayuntamientos) del estado de Durango el Sistema DECLARADURANGO de manera gratuita, desarrollado por el Gobierno del Estado de Durango para coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas imponen y que sus servidores públicos puedan presentar declaraciones electrónicas, sin necesidad de invertir en infraestructuras tecnológicas; se atienden los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sólo se necesitará la CURP, RFC y un correo electrónico personal para registrarse.
