Es urgente establecer en el Código Penal del Estado el delito de ecocidio, el cual se debe considerar como el daño, destrucción o la pérdida vasta, duradera y grave de uno o más ecosistemas, con multas de 5 a 12 años de prisión, para frenar el daño al medio ambiente y combatir el cambio climático.
“Los discursos y las buenas intenciones ya no son suficientes para frenar de manera frontal el deterioro ambiental, además de cumplir con el compromiso que adquirimos al ratificar la Agenda Legislativa Común, ejecutando acciones contundentes que permitan la preservación del medio ambiente”, precisó.
Al respecto, al responsable del delito de ecocidio se le sancionará con pena de cinco a doce años de prisión y multa de 360 a 864 veces la Unidad de Medida y Actualización.
Al hacer uso de la tribuna, Amaya Rosales señaló que medio el ambiente en la entidad se ha visto severamente afectado en el presente año, por lo que puso como ejemplo el número de incendios forestales, donde del 01 de enero al 21 de noviembre de 2019, se han registrado 252, con un total de 64 mil 670 hectáreas afectadas.
Lo anterior, posiciona a Durango junto como Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Puebla y Guerrero como las entidades con mayor número de incendios y superficie afectada; además no se puede dejar de lado lo sucedido en el río tunal, donde se presentó una mortandad de peces a causa de la descarga de agua residual cruda.
Asimismo, destacó que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas enmarca entre sus 17 objetivos la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Además de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos; promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
También agregó que en el país, el ecocidio ya se encuentra regulado en estados de Chiapas, Jalisco y recientemente fue presentada la iniciativa para incluirlo en el catálogo de delitos en Coahuila, contemplando penas que van de dos hasta los doce años y multas de 140 a 860 veces la Unidad de Medida y Actualización.
