En el marco de la transición hacia un nuevo sistema de justicia civil y familiar, la diputada Rocío Rebollo Mendoza presentó la iniciativa de reformas al artículo sexto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que se establezcan las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.
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Al hacer uso de la tribuna y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, informó que este código, que deberá adoptarse a más tardar el 1 de abril de 2027 por todas las entidades del país, situación que plantea un desafío significativo para los poderes judiciales locales.
“El reto aún está por comenzar, ya que este código no solo exige la adecuación de los marcos jurídicos locales, sino que requiere recursos presupuestarios sustanciales que actualmente no están garantizados”, subrayó.
Recordó que en comparación con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, que contó con recursos federales asignados entre 2011 y 2016, este nuevo sistema enfrenta restricciones presupuestales importantes.
“Mientras el sistema penal acusatorio fue apoyado por la federación, ahora la responsabilidad recae totalmente en los congresos locales, según lo establece el transitorio sexto del decreto”, explicó la diputada.
Agregó que actualmente, los poderes judiciales locales atienden el 70% de la carga de trabajo en comparación con el 30% que corresponde al Poder Judicial de la Federación, pero cuentan con menos de la mitad del presupuesto asignado a este último.
“Sin una inversión federal en infraestructura física, tecnología y capacitación, este código no será eficaz. La falta de recursos podría convertir esta reforma en un sueño irrealizable”, advirtió Rebollo Mendoza.