"En Durango no tenemos datos graves a violaciones de derechos humanos a periodistas", señaló la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Karla Alejandra Obregón Avelar, sin embargo, destacó que precisamente para proteger y defender los derechos humanos a periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, se instaló en la entidad el mecanismo de protección para estos sectores.
Ahora con el nombramiento y toma de protesta del periodista Ignacio Mendívil, como secretario ejecutivo del mecanismo, que llevará toda la parte administrativa, se llevó a cabo este 12 de julio la sesión del mecanismo y junta de Gobierno, por primera vez con todos los integrantes, quienes se estarán reuniendo al menos cada 2 meses para ver avances y revisar el plan de trabajo.
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La presidenta expresó la ley tuvo unas últimas reformas y marca el mecanismo como organismo adscrito a la CEDH, para que salga de las manos del Gobierno del Estado y del Ejecutivo, donde se incluye “un fondo de protección para medidas urgentes”, además de diseñar políticas públicas, un programa de capacitación y profesionalización para los derechos humanos.
Ignacio Mendívil integrante del Colegio de Licenciados en Comunicación (Colecc), precisó “es un logro, después de 5 años que iniciamos con la nueva Ley de Protección a periodistas”, porque no se había aplicado al no estar concluida, a pesar de que se cumplieron algunos objetivos. La protección anteriormente está a cargo de la subsecretaria General de Gobierno, y el vicefiscal, pero ya con la reforma se comienza a trabajar en el mecanismo.
“Si un periodista, es amenazado por alguna autoridad o por algún organismo, se pueden aplicar diferentes tipos de protección, desde brindarle personal de protección, como reubicarlo de ciudad y ponerlo a salvo fuera del alcance de quien lo amenazo en el ejercicio de su profesión”, aclarando que no solo es para periodistas y defensores de derechos humanos, sino para todos los que trabajando en un medio de comunicación, pues con la ola de violencia corren riesgo todos los que generan información y contenido.
De presupuesto se asignó al inicio de año, poco más de 4 millones de pesos, mismo que quedó presupuestado por el Congreso del Estado, de los cuales se deberá destinar para implementar el mecanismo, buscar una oficina, adquirir mobiliario, y tener un fondo disponible para el resto del año, en caso de que se pueda ofrecer.
Lo más importante o primera etapa del mecanismo, es socializarlo entre todos los que se encuentran dentro de los medios de comunicación, qué sepan cómo funciona, cómo se activa, si son víctimas de alguna amenaza o riesgo real, para que puedan contar con medidas para protegerlo, y que no se haga un mal uso.
Aclaró “me tomaron protesta el día de hoy, pero inicio funciones pasando el día 15”, y detalló que fue elegido luego de que cada organización integrante hizo 2 propuestas, para luego quedar solo una terna de postulantes y finalmente ser elegido bajo votación.
Por su parte Carolina Heredia, presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) Durango, resaltó que este mecanismo “es el único en el país que esta adherido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, y que finalmente queda completo para brindar las medidas de seguridad cuando se requieran para proteger a los periodistas, que es algo que ya era necesario echar a andar, pues a pesar de que ya se tenía aprobada la ley de protección, no había como operar, ahora si se llega a presentar alguna emergencia, algún tipo de amenaza, ya hay las condiciones de protección.
Destacó que se le brindará protección a todos los involucrados en los medios, no solo a los que integran las organizaciones que están presentes, además para “el gremio de periodistas y comunicadores es el resultado del trabajo de los últimos años”, desde el 2014 que fue aprobada y publicada la primera Ley de Protección a periodistas, que en el 2020 fue derogada y se publicó una nueva Ley.
Luego en el 2021 fue la publicación la nueva Ley vigente, y en junio del 2022 se trabajó el reglamento de Protección a Periodistas, que quedó aprobado y solo faltaba establecer los protocolos que deben implementar las instituciones para la protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos y sus familias, cuando corran un riesgo por el desempeño de su oficio.