Con pancartas al exterior de las oficinas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la ciudad de Durango, Julia Edith Espinoza Meraz acudió este miércoles a manifestar su inconformidad ante la falta de respuestas por parte de la autoridad judicial federal en torno a su despido injustificado y el hostigamiento laboral al que fue sometida luego de haber denunciado actos de corrupción al interior de la institución.
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Explicó que luego de hacer público el caso en el que responsabiliza a la entonces delegada administrativa, Alejandra Betancourt Rodríguez, de haber entregado adjudicaciones de contratos de servicios para la institución de manera directa en beneficio de sus allegados; tras lo cual comenzó el acoso de manera directa hasta lograr separarla de las funciones que realizaba, y delegarla a no hacer prácticamente nada en las oficinas.
El abogado de Julia Edith, Jesús Ricardo Barrios Villapaldo, explicó que fueron presentadas tres denuncias por hostigamiento laboral y actos de corrupción, conductas que era necesario investigar ante el órgano de control y junta de gobierno, sin embargo fue necesario recurrir al Poder Judicial de la Federación para iniciar dos juicios de amparo a fin de establecer medidas cautelares que no se logró a través del amparo.
“Después de un año y medio sin realizar ninguna función fue encomendada otra acción de investigación de mobiliario donde se detecta otra serie de anomalías, las vuelve a denunciar y apenas se resuelve un recurso de revisión contra una sentencia dictada en un juicio de amparo, el día en que se sesiona por parte del Segundo Tribunal Colegiado, al día siguiente vienen de ex profeso de Ciudad de México, para decirle que después de siete años, su nombramiento había terminado, lo que es ilegal”, comentó el litigante.
Resaltar que Tribunal Federal de Justicia Administrativa forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que ante denuncias por hechos de corrupción es un despido inmediato con el argumento de que se trata de empleados de confianza, por lo que exigen se tomen cartas en el asunto.
Explicó además que este no es un hecho aislado, pues en la indagación se encontraron con el caso de la magistrada Irma Cervantes Villarreal, quien luego presentar una denuncia penal por los mismos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), como presidenta de la Sala, le fue negada la información luego de que se presentó el titular de la Unidad Jurídica del TJA y le advierte que esta ya está en sus manos.
“La magistrada fue cambiada abruptamente de Sala de Durango a Culiacán y actualmente también se ventila un juicio de amparo, el 583/2023 que promueve la magistrada por su cambio por una violación a su independencia jurisdiccional y las acciones que había hecho”, dijo.
Con ello dan a conocer la red que existe en este organismo federal derivado de actos de corrupción en materia de asignación de contratos a conocidos y familiares. Por lo que ahora pide la protección del estado, y hace un llamado al gobernador, Esteban Villegas Villarreal, pues teme por su vida, luego de recibir amenazas a través de un teléfono con número desconocido, en contra de ella y su familia.
