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Ante las críticas hechas hacia el Gobierno del Estado, por parte de la diputada federal por Martha Olivia García Vidaña, en rueda de prensa convocada por Morena, en relación a una presunta falta de comprobación de 800 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoed), Julieta Hernández Maldonado, aclaró que éstos recursos ya han sido debidamente solventados ante las instituciones pertinentes.
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Si bien es cierto, dichos recursos pertenecen al ejercicio fiscal de esta administración, la información se encuentra concentrada en un dictamen que está publicado en la página de la ASF, el cual incluso se presentó ante la Cámara de Diputados con un desglose donde se da a conocer cuál es el destino de estos.
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La funcionaria estatal explicó que dentro de las 43 auditorías que realiza la ASF para el ejercicio 2023, una de estas está relacionada con la discplina financiera, donde de manera preliminar hicieron una observación por un monto de 517 millones de pesos que corresponden al incremento de la nómina de los docentes.
“Sí los pagamos para dar cumplimiento a un mandato presidencial en el sentido del incremento del magisterio. El estado de Durango tiene una nómina muy alta y le tenemos que dar cumplimiento, solo faltó un oficio que ya se elaboró y entregó a la Secretaría de Hacienda y está aclarado el punto”, comentó.
Asimismo existen otros 284 millones de pesos que corresponden a 10 PIPS, es decir, un modelo de contrato realizado hace cerca de 15 años a través del cual un agente externo al Gobierno estatal se hace cargo de dar mantenimiento a un tramo carretero.
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“Se pagan de manera mensual el costo de estos y el compromiso que tiene la empresa, es que estos se encuentren en perfectas condiciones; ellos dan cumplimiento, siempre se han pagado, si hay alguna falla se notifica, pero nosotros no hacemos la rehabilitación, solo se paga lo que corresponde”, comentó la funcionaria estatal, al destacar que existen diversos criterios según el auditor y en el caso de Durango, esos nunca habían sido observados.
Explicó que luego de una visita en la ASF, se aclararon los puntos observados, en donde se les pidió información más detallada, sobre todo respecto al tema de los PIPS, cuya legislación incluso ya ha sido derogada, pero el contrato está firmado por varios años más.
Destacó que en ningún momento están negando la observación de un recurso ejercido en el año 2023, sin embargo todo ha sido solventado conforme a la lo que marca la ASF; de ahí que descartó un daño al erario público.
