Aunque los desarrolladores de vivienda están a favor de la reforma al Artículo 123 de la Constitución Política en el que se establece que los trabajadores podrán acceder a créditos accesibles para que puedan contar con una vivienda adecuada; rechazan la modificación de la Ley del Infonavit, en la que advierten los riesgos que existen ante la creación de su propia constructora.
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La reforma le da facultades al Infonavit para arrendar y construir, sin embargo de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez Molina, ésta concesión ya la tiene la dependencia federal, sin embargo se trata de un tema mediático que están reviviendo los legisladores a fin de tener acceso completo al desarrollo de vivienda.
Se refirió a este proyecto como un mega desarrollador, que seguramente contratará a constructores tanto aquellos que se dediquen a la construcción de vivienda, como los que no, para ejecutar los trabajos de urbanización y edificación de las viviendas.
“Creo que es ahí donde es regresar prácticamente al pasado, al Infonavit de los años 80´s, en donde se asignaban los contratos a los amigos y de manera discrecional, en donde incluso la vivienda llegó a alcanzar costos muy altos y hacerse de muy mala calidad”, dijo.
Y es que se cree que al ser juez y parte, no se tendrá una vivienda de calidad, pues contrario a lo que sucede hoy en día, el Infonavit se ha dedicado a elevar la calidad de viviendas que se adquieren a través de sus créditos, con supervisiones y verificaciones precisas y tajantes hacia el constructor, en el que no permiten salirse de sus lineamientos, lo que ha frenado la colocación de créditos.
Explicó que esto, aunado con lo que sucede con la denominada “supremacía constitucional”, afectará a esta rama de la Iniciativa Privada ya que se enfrentarán a una competencia que no participará bajo las mismas condiciones.
“El infonavit va a llegar, va a comprar terrenos, muy probablemente no los más aptos, no en los mejores lugares, va a solicitar o exigir los permisos y factibilidades, y en aras de la vivienda social, los municipios se van a ver forzados a otorgar estos permisos”, comentó.
Mientras que a los desarrolladores de vivienda, se les ha llenado el camino con una carga de requisitos muy pesada, que entre los trámites y el pago de derechos impuestos, recae en el costo final de la vivienda.
“Lo que nosotros tememos es que estos costos, cuando construya el Infonavit no se paguen y se les otorgará de inmediato para solucionar el rezago habitacional que sí existe”, sin embargo esto implica una competencia desleal y desequilibrada, en donde el gobierno es el principal competidor de la Iniciativa Privada, aunque bajo condiciones de inequidad.
