Luego de afirmar que el eje principal del presidente municipal Jorge Salum en su administración, es precisamente la honestidad y la transparencia, la titular de la Contraloría Municipal, Martha Judith Ávila Lucero, reveló que durante 2021 fueron recibidas 49 denuncias contra servidores públicos, con al menos tres inhabilitaciones, procedimientos de responsabilidad abiertos, apercibimientos y algunos casos en manos de la Fiscalía Anticorrupción que están en vía de judicializarse.
En torno al tema, la funcionaria municipal citó de entrada que durante 2021 se registraron un total de 49 denuncias en contra de servidores públicos, algunas derivadas de procesos que venían de ejercicios anteriores desde la Auditoría Superior de la Federación.
Explicó que de esos 49 procedimientos hay 18 totalmente concluidos, y entre éstos 18, son seis con responsabilidad administrativa; “la realdad es que tengo en este momento prácticamente tres inhabilitados, uno de ellos trae un recurso de revocación, que corresponde a las oportunidades que tienen todos y cada uno de defenderse”.
Ávila Lucero aseguró que en la Contraloría se ha tenido un trabajo muy intenso para dar cumplimiento al eje principal del presidente municipal Jorge Salum en su administración, que es precisamente la honestidad y la transparencia; “aquí sí hay denuncias que se derivan de auditorías que nosotros como Contraloría venimos revisando y la determinación es llegar hasta las últimas consecuencias”.
En cuanto a las razones principales de denuncias, detalló que ha habido sobre todo cuestiones de manejo de recursos que incluso están ahora terminándose de judicializar en Fiscalía Anticorrupción, en el tenor de haber utilizado recursos que no cumplieron con el objetivo para el cual fueron proyectados.
Al respecto, reforzó: “Nuestra función fundamental es salvaguardar y proteger el recurso público municipal porque nos es dado en administración y no para dilapidarlo en situaciones irregulares”.
Mencionó que uno de los inhabilitados es por la no protección de datos personales, donde de alguna manera vulneran a cualquier persona al no cumplir con esa responsabilidad como corresponde; “los tres inhabilitados tienen un plazo de un año como única facultad que tengo con base en la Ley de Responsabilidad Administrativa y los tres están cumpliendo esta sanción”.
A la vez, añadió que se ha aplicado una multa por presentación extemporánea de la declaración patrimonial, en una exigencia que –reconoció- genera enojo en los servidores públicos, sin embargo, la legislación de la materia es muy clara en cuanto a esa obligatoriedad.
Al referir funcionarios y dependencias con más casos, mencionó a los los ejecutores principalmente de dependencias como INMUVI, Obras Públicas, Desarrollo Rural.
Finalmente agregó que ha habido ocho apercibimientos a servidores públicos, “donde si bien es cierto que hemos encontrado que la falta no ha sido grave, que no ha ocasionado un daño al erario público, debe de instársele a que cumpla con lo que marca la Ley, donde los servidores públicos deben ser diligentes y aplicar el recurso con responsabilidad, con oportunidad y con economía”.