En Durango, más de 157 mil familias son encabezadas por una mujer, de éstas solo el 1.4%, es decir, dos mil 200 mujeres han iniciado un proceso legal para reclamar la pensión alimenticia a los padres de sus hijos, señaló la directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Alejandra Terrones Ochoa, quien habló sobre la necesidad de homologar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, para que se incluya el registro de obligación alimentaria y los padres cumplan con dicha obligación de pagar la pensión.
Explicó que a nivel nacional del total de demandas por pensión alimenticia, sólo el 50% cuenta con una sentencia y de este porcentaje, apenas el 10% de los demandados cumple con la obligación de la manutención.
De ahí que el pasado mes de marzo, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que plantea reformar la Ley antes mencionada, a fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país.
Dicha legislación contempla que al no cumplir con la obligación, no se les otorgará a los padres el derecho de obtener licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; no podrán participar como candidatos a cargos de elección popular, participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal.
Así como tampoco podrán realizar trámites ante notario público relativos a la compra – venta de inmuebles; se les negará el certificado en las solicitudes de matrimonio, situación en la que la persona oficial del Registro Civil, deberá hacer del conocimiento a los contrayentes en caso de que alguno se encuentre dentro del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
El IEM recibió en el 2022 siete mil denuncias de mujeres debido a que sufrían en su mayoría de violencia psicológica, seguida de la económica y luego física. Sin embargo el 27% decidió retirar las denuncias por diversos factores entre los que destaca la revictimización en los procesos de denuncia, seguida de la dependencia económica.
Ante ello, Terrones Ochoa, puntualizó que se ha emprendido capacitación constante con los elementos de Seguridad Pública para atender a las mujeres con perspectivas de género apegados a derechos humanos.
Además los Puntos Violenta instalados en diversos municipios del estado, en donde se brinda ayuda social, psicológica, jurídica y de empoderamiento para las mujeres con el objetivo que puedan tener las riendas de su vida.