En medio de fuertes presiones sociales y señalamientos derivados por la falta de resultados en atención a denuncias por abuso sexual, renunció al cargo como Fiscal General del Estado (FGE) Ruth Medina Alemán y en su lugar el gobernador propuso a Daniel Rocha Romo, quien deberá ser ratificado por el pleno del Congreso estatal.
En rueda de prensa la mañana de este lunes el gobernador José Rosas Aispuro Torres aceptó públicamente la renuncia de quien estuvo al frente de ésta instancia desde inicios de su administración. Puntualizó que en medio de un contexto nacional complicado, Durango logra figurar entre las entidades más seguras, con una sostenida disminución de los delitos de alto impacto; caracterizándose entre las pocas que mantienen en cero la cifra de secuestros y trata de personas.
Al destacar que siempre hay áreas de oportunidad, reconoció el compromiso y profesionalismo con que se desempeñó Ruth Medina Alemán, pero consideró que es el momento de seguir escuchando a la sociedad, sobre todo en lo que se refiere a la atención de víctimas de algún delito; especialmente tratándose de mujeres y menores.
Precisó que en los últimos años se ha creado infraestructura física y jurídica para el cuidado y asesoría de las mujeres, mediante la creación del Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en La Laguna como la capital. Este esfuerzo debe ir acompañado de personal que ayude a brindar un trato más cálido y sensible en la recepción y seguimiento de denuncias de cualquier tipo.
Aispuro Torres anunció que para encabezar este nuevo esfuerzo ha designado como Fiscal General del Estado a Daniel Rocha Romo, por lo que de manera inmediata solicitará al Congreso del Estado su ratificación correspondiente para que pueda comenzar a ejercer legalmente esta responsabilidad.
Dijo estar seguro que con la amplia responsabilidad en materia de procuración de justicia, el funcionario propuesto sabrá cumplir con ésta encomienda y le pidió sea sensible en la atención de víctimas de cualquier delito, asegurándose del caval cumplimiento de todos los protocolos en materia de Procedimientos Penales.