Luego de que el Tribunal Electoral de Estado de Durango (TEED) desechó el caso de violencia política en razón de género cometido por el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez, en contra de la regidora Arlina Adame Correa, la Sala Regional de Guadalajara, emitió un resolutivo en el que revocó dicho fallo, pues argumentó que los derechos político electorales de la denunciante sí se pueden ver afectados al no incluirla en ninguna de las Comisiones del Ayuntamiento de Durango.
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“La consulta propone revocar el fallo al considerar que la controversia sí podría incidir en los derechos político electorales de las personas inconformes ya que al realizar un estudio detallado del acto reclamado se concluyó que su derecho a ejercer el cargo se podría menoscabar por la negativa a conformar una fracción partidista al interior del Ayuntamiento”, se lee en la resolución de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a donde recurrió para buscar respuesta.
Por lo que el caso será turnado de nueva cuenta al TEED, a fin de que se analice la totalidad de los agravios planteados y con ello emitir una sentencia.
De acuerdo con lo narrado por la regidora Adame Correa, quien ahora forma parte de la fracción de regidores del Partido del Trabajo (PT), al ser retirada de la presidencia de la Comisión de Actividades Económicas, donde se vio envuelta en una serie de señalamientos por parte de los comerciantes toda vez que se planteaba poner orden en la emisión de permisos, nunca se le notificó que ya no sería parte de ninguna Comisión.
“De manera humillante” así lo describió, fue durante la Sesión de Cabildo, donde la mayoría votó a favor de la conformación de las Comisiones en las que ella no figuraba, ni mucho menos presidía. Por lo que interpuso una queja al Instituto Nacional Electoral (INE), quien finalmente la turnó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), quienes a su vez integran un expediente y lo envía al TEED, donde es desechado pues no consideraron que existiera violencia política en razón de género.
“Nosotros ya sabíamos que en Durango no iba a suceder nada”, dijo en entrevista, pues “me invisibilizaron, claro que puedo ir a todas, pero sin voz, ni voto. Eso significa que no tengo injerencia, que no puedo participar, esto es impedirme hacer mi trabajo”, dijo.
Explicó que independientemente de esto, su trabajo como regidora ha continuado al exterior, por ello se decidió recurrir a la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF, pues pese a las pruebas existentes, en Durango se le negó la consideración de violencia política en razón de género cometida por la autoridad municipal.
Con todo ello, desde el mes de diciembre también se recurrió a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, donde a la fecha no ha recibido respuesta, pese a que un juez de distrito, ya ordenó revisar el caso pues consideró esto como “una conducta omisiva que refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone”, se lee en el documento del amparo indirecto 114/2024 emitido por el Poder Judicial de la Federación (PJF).
