En la tercera Cumbre de fiscales anticorrupción, se aprobó en lo general el proyecto de reforma Constitucional presentado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, la cual se enfoca a otorgar autonomía e independencia a estos organismos en México.
Los fiscales especializados del país apoyaron el proyecto que se prevé sea afinado en el corto plazo para hacer la entrega correspondiente al Congreso de la Unión en enero del próximo año, compartió Héctor García Rodríguez, fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Durango.
Además, con el fin de brindar un impulso más amplio a los trabajos que buscan la autonomía de todas las Fiscalías anticorrupción del país, los fiscales decidieron elevar el rango de subcomisión a Comisión de Autonomía.
García Rodríguez participó en este encuentro llevado a cabo en Saltillo, Coahuila, con la ponencia “Autonomía e independencia de las fiscalías anticorrupción en México”.
Fue dentro del panel “Acuerdos y beneficios por la colaboración con la justicia, homologación de tipos penales y autonomía de las fiscalías anticorrupción”, que García Rodríguez, señaló que el primer proyecto legislativo que se presentará, reforma y adiciona los artículos 76, 102 y 116 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este proyecto legislativo que presentará la CONAFA, tiene como propósito profundizar en las reformas constitucionales de 2014 (en materia política-electoral) y de 2015 (en materia de combate a la corrupción).
“Más aún, propone emprender una reforma de gran calado en la política criminal anticorrupción del país, necesaria para que las instituciones de procuración de justicia competentes en la materia puedan contribuir de manera más significativa en la lucha por erradicar las prácticas corruptas del sector público, y sean mayormente eficaces en el castigo a los autores y partícipes de la comisión de ilícitos de corrupción, la recuperación de activos robados y la reparación del daño a las víctimas” abundó.
El fiscal anticorrupción duranguense, señaló que “la figura jurídica que proponemos para las fiscalías anticorrupción es la de órgano constitucional autónomo. Una figura que ya existe en el constitucionalismo mexicano y que está reservada para los entes públicos que realizan funciones de estado, de carácter técnico especializado, como es el caso de las fiscalías anticorrupción”.
García Rodríguez, quien tiene el encargo de formular proyectos de reforma constitucional y legal para que sean presentados a las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión y a los congresos locales, señaló que se busca, además, asegurar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción y a las Fiscalías Anticorrupción de los sistemas estatales los recursos presupuestales necesarios para el ejercicio de sus atribuciones en la investigación y persecución de hechos susceptibles de constituir delitos en materia de corrupción.
