Aún falta por determinar en dónde quedaron cerca de 700 millones de pesos que pertenecen al recurso federal entregado a la pasada administración estatal y que no se han podido comprobar, señaló la titular de la Secretaría de la Contraloría del estado, Tania Julieta Hernández Maldonado, al informar que por este motivo existen 92 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), y la Fiscalía Especializada Anticorrupción del orden federal por un presunto desvío de recursos públicos.
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Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer en su informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022, que Durango es uno de los estados que tiene el mayor monto observado a nivel nacional con mil 140 millones 507.5 pesos que permanecen sin aclaración, la contralora estatal aseguró que “van a seguir habiendo señalamientos, lo sabemos”, sin embargo se trabaja para solventar lo más que se pueda y la cantidad disminuya.
Informó que pese a los esfuerzos no se ha logrado solventar la totalidad de los recursos, pues corresponden a ejercicios fiscales que incluso vienen del año 2017.
“Por eso presentamos las denuncias, porque no podíamos ser omisos y como administración no podíamos pagar los platos rotos que hizo otra administración, por eso señalamos”, comentó Hernández Maldonado, al referir que aunque pese a presentar las denuncias como prueba de que no fue una acción cometida dentro de esta administración, el monto señalado no se quita.
De ahí que esta sigue otra etapa denominada sancionatoria en donde la ASF determina enviar a otras instancias como la Fiscalía Anticorrupción, pero en este caso la demanda se interpone en contra de un particular y no sobre el erario público el Gobierno del Estado de Durango.
“La ley contempla los resarcitorios, y estos se van hacia el patrimonio de la persona que se le pueda demostrar que hizo mal uso del recurso público, en este caso un desvío de recursos”, comentó la contralora estatal, quien aseguró que son proceso que tardan en resolverse, pues a la fecha todavía están en resolución recursos tramitados en 2017 o 2018, pues la legislación contempla que pueden ampararse.