Con la entrada del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la ciudad de Durango deberá ampliar el número de juzgados, esto significa que se requieren por lo menos cinco jueces familiares y tres civiles, señaló el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, quien señaló que actualmente la ciudad de Durango cuenta con cinco juzgados familiares y tres civiles.
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Pese a ello no existen condiciones para atender a esta demanda, de ahí que se realizan revisiones para ver cómo pueden atender a la demanda que se les viene una vez que entre en operaciones el nuevo Código y todo lo que ello implica; “si no lo logamos, lo jueces que están tendrán que asumir solos todo este trabajo bajo las mismas condiciones laborales”, dijo.
Explicó que cuando se dio la implementación de los juicios orales, se tenían recursos de carácter federal, con los que pudo comenzar a operar, y sin embargo aún se encuentra en pañales, “imagínense ahora un sistema nuevo, sin recursos va a ser todavía más complicado”.
Tan solo en el caso de los juicios orales, argumentó que en municipios como el de Santiago Papasquiaro se cuenta con dos juzgados, en uno se atienden casos del orden civil y familiar, mientras que en otro lo de carácter penal.
Aunque en éste último se cuenta con sala de audiencias equipada, en el civil no, y ambos están separados físicamente, por lo que a éste habrá que construir el espacio para la instalación de una sala, con todo lo que esto conlleva y que en dinero representa cerca de un millón y medio de pesos, solamente en la construcción, adecuación y equipamiento.
“¿Qué estamos haciendo?, con lo que hay estamos adecuado a lo que tenemos de posibilidades, pero no estamos ahorita en capacidad de cumplir con los estándares mínimos que nos están pidiendo”, comentó Bonilla Saucedo, quien comentó que se tienen 13 Distritos Judiciales, en donde solamente Durango y Gómez Palacio son los más avanzados en el equipamiento; pero en el resto se tienen muchas carencias.
Prefirió no dar una cantidad aproximada de lo que se requiere para atender a todas las especificaciones que faltan, pues a la fecha el Poder Judicial del estado opera con 476 millones de pesos anuales, sin embargo más del 90 por ciento se va en el pago de sueldos y salarios, por lo que solo queda menos del 10 por ciento para la atención de equipamiento, infraestructura, etc.
“Estamos por presentar el anteproyecto del presupuesto al Pleno, ya con unos avances en esto en materias como tecnología, infraestructura, en personal con todo y los candados legales que tampoco permiten”, comentó el magistrado presidente del TSJ, quien argumentó que con el alza en el salario mínimo por arriba de la inflación, también le pega a instancias gubernamentales ya que es muy incierto este tope.
