Los regidores Guadalupe Silerio Núñez y Gerardo Rodríguez generaron puntos de acuerdo para que el Ayuntamiento del Municipio de Durango respalde al presidente municipal, José Ramón Enríquez Herrera, en el análisis de una controversia constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante los actos del Congreso del Estado que pretenden atentar contra la autonomía y libertad municipal.
Cabe señalar que en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción primera que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
“El Congreso del Estado de Durango, violando la Constitución General de la República y la particular del estado, ha tergiversado las leyes estatales y ha torcido su interpretación por ello ha decidido sancionar al Presidente municipal extralimitando sus facultades legítimas que le compete, aunque se les permite vigilar el actuar de los ayuntamientos pero sin violentar la ley antes expuesta”, afirmó Gerardo Rodríguez.
“Por esa razón tenemos la necesidad de pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de uno de los medios de defensa que prevé la sanción primera del Artículo 105 de la Carta Magna”, aseveró Gerardo Rodríguez.Dejó en claro que el Presidente municipal representa la figura jurídica del Ayuntamiento, por ello es preciso instruirlo para que a nombre del Cuerpo Colegiado presente ante el máximo tribunal del país el mecanismo de defensa constitucional que ya se expuso anteriormente.
“No es menor nuestro reclamo, es la simple y básica defensa a la autonomía de nuestro municipio y a nuestras facultades consagradas en nuestra Constitución”, remarcó Silerio Núñez.
Lo anterior fue respaldado y apoyado por todo el H. Cabildo de Durango, misma que a su vez el propio presidente municipal dijo, entregará esta controversia constitucional a la Sala Constitucional Local para luego se conduzca a la SCJN y que se tomen las acciones jurídicas necesarias.