Héctor García Rodríguez fiscal anticorrupción del estado, compareció ante el Pleno del Congreso local donde destacó que relación con el sistema local anticorrupción, durante el periodo que comprende el presente informe actividades fueron recibidas un total de 63 quejas o denuncias por hechos o actos presuntamente constitutivos de delitos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales o municipales y por particulares.
Del total de quejas, denuncias o querellas recibidas, en el primer mes de actividades sustantivas se iniciaron 14 carpetas de investigación por la comisión de diversos delitos de corrupción del fuero común.
Los tipos penales por los cuales se inició investigación son: intimidación; uso ilegal de la fuerza pública y abuso de autoridad; uso indebido de atribuciones y facultades; tráfico de influencia; ejercicio abusivo de funciones; delitos en contra de la adecuada impartición de justicia y delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia.
Además han participado a través de enlace en trabajos de planeación y acciones que han dado por resultado, entre otras, definir la política pública estatal de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
Dijo que la política estatal anticorrupción es una propuesta de estado de políticas, programas y líneas de acción para prevenir y combatir la corrupción en todos los órdenes y ámbitos del poder público en Durango.
En la fiscalía anticorrupción con un alto sentido social, comentó que esta institución del Ministerio Público Especializado en materia de combate a la corrupción tiene un compromiso ineludible con el respeto y la observancia a los derechos humanos, en el ejercicio de sus funciones, apegados a derecho, comentó.
La fiscalía anticorrupción cuenta con un programa de atención inmediata para las personas que se comunican o acuden personalmente a requerir los servicios de procuración de justicia.
“No todas las denuncias dan lugar a iniciar formalmente una carpeta de investigación criminal, ya sea porque se trata de una falta administrativa cometida por un servidor público o un asunto de naturaleza jurídica distinta al penal”.
En cuanto a la competencia de la Fiscalía Anticorrupción es en todo el territorio estatal, agregó, por razones de competencia de los órganos jurisdiccionales y para acercar a la población de todo el estado los servicios de la fiscalía anticorrupción se tiene contemplado abrir sedes regionales en Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro, una vez que se cuente con los recursos presupuestales suficientes se abrirán las oficinas respectivas.
El módulo itinerante del Ministerio Público se instala en lugares no gubernamentales, para generar en la ciudadanía confianza en denunciar los hechos de corrupción en los que estén involucrados servidores públicos, señaló.
“La investigación y persecusión de los delitos de cuello blanco le exige al ministerio publico capacidades institucionales altamente especializadas, con los conocimientos de la administración pública y la contabilidad gubernamental, así como con las capacidades tecnológicas para el rastreo del dinero saqueado de las arcas públicas”.
En el mes de febrero de este año se presentó a la consideración de los diversos grupos parlamentarios una propuesta de reforma de la Ley Orgánica la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales de la dependencia y pueda cumplir debidamente con sus finalidades.
En la intervención en asuntos que llegan al conocimiento del ministerio público, una vez abiertas las puertas para recibir denuncias, un total de 62 ex - servidores públicos han promovido demandas de amparo en contra la fiscalía anticorrupción, en una práctica de la que se ha venido abusando como forma de defensa irregular, en el afán de entorpecer el actuar de la autoridad.
“De la revisión de dichos juicios de amparo se advirtieron violaciones sistemáticas a la Ley de Amparo y al Código Penal Federal, por lo que se presentaron ante la fiscalía general de la república denuncias penales en contra de los ex funcionarios estatales, su defensor legal y un servidor público del Poder Judicial de la federación, ya que a nuestra consideración dejó de cumplir con sus obligaciones, concediendo una ventaja indebida a los ex servidores públicos”.
En cuanto al informe de avance en el ejercicio presupuestal, afirmó que para el ejercicio fiscal 2019, el congreso del estado autorizó a la fiscalía anticorrupción de durango un recurso por 19 millones 103 mil pesos, asignación inicial que ha resultado fundamental para poner en funcionamiento la institución.
Del total de recursos autorizados, al 31 de agosto del presente año se ejercieron 11 millones 252 mil 256 pesos.
La distribución del gasto ha sido la siguiente: 1000 servicios personales 8 millones 335 mil 377.00; 2000 materiales y suministros 254 mil 713.00; 3000 servicios generales un millón 317 mil 914.00; 5000 bienes muebles, inmuebles un millón 344 mil 252.00 e intangibles da como total 11 millones 252 mil 256.00
“Los recursos ejercidos corresponden mayormente a los salarios y prestaciones de seguridad social de los 25 servidores públicos que integran la plantilla de personal, por la naturaleza de la dependencia, las erogaciones del capítulo 1000: servicios personales, es el concepto de gasto más significativo, equivalente al 74.0% del total ejercido.
Con cargo al capítulo 5000 se ha adquirido mobiliario de oficina; equipo de cómputo, impresión e internet, con servidor y equipos para una red interna con capacidad de expansión en la medida de las posibilidades presupuestales, mencionó.
“Entramos de lleno a una etapa de consolidación de las fiscalías anticorrupción en el país, en la que cada vez las condiciones serán mejor para la obtención de importantes logros, apoyar la labor que realizamos todas aquellas entidades que combatimos la corrupción, más que un gasto publico es una inversión que sin duda redituará enormemente en el país”, concluyó García Rodríguez.
