Cerca de dos mil trabajadores del Subsistema de Educación Superior en Durango, que aglutina a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, e Institutos Tecnológicos Superiores; no tienen estabilidad laboral, acceso a un salario digno, y no cuentan con prestaciones de ley como los servicios de salud, vivienda y el derecho a una pensión.
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De acuerdo con el secretario general del Sindicato Nacional de Educación Superior, Gerardo Bolaños Jiménez, los trabajadores de este subsistema reciben apenas hasta un 130 por ciento menos en comparación al salario de cualquier otro trabajador de educación pública.
Esto significa que mientras a un trabajador administrativo de cualquier otro sistema se le pagan 16 mil 700 pesos mensuales, con las medidas de bienestar incluidas, a una persona con el mismo puesto, pero de este subsistema, a veces no gana ni el salario mínimo “cerca de siete mil 200 o seis mil 800”, dijo.
Aunque en la docencia esta brecha se disminuye, existe una diferencia salarial de hasta el 60 por ciento en comparación con sus homólogos de otros sistemas. De ahí que el secretario general del Sindicato Nacional de Educación Superior, está de visita en Durango para reunirse con la autoridad educativa a fin de llegar a un acuerdo con el que se busca gestionar más recursos a fin de garantizar el acceso a un contrato laboral que ofrezca condiciones dignas.
Explicó que esta situación no se generó en esta administración, sin embargo Bolaños Jiménez, consideró que a tres años ya se debió haber avanzado, ya que el hecho de mantener en estas condiciones a los trabajadores es incluso un delito del orden civil y laboral.
No obstante, aunque la federación ha dispersado recursos para atender lo relativo a la seguridad social, no se ha logrado concretar en la mayoría de las instituciones. Por ello se busca realizar primero el diagnóstico para conocer el estatus en el que se encuentran, crear estrategias que ayuden a superar estos desafíos y sobre todo gestionar los recursos necesarios ante el estado y la federación y con ello evitar un conflicto en los Tribunales.
Actualmente estos trabajadores lo hacen a través de contratos cuatrimestrales que no garantizan el derecho a la estabilidad laboral, además de recibir solo el pago correspondiente al salario acordado y en algunos casos el pago de vales de despensa y material didáctico, “en su mayoría no se llevan a cabo retenciones para el pago de seguridad social”, dijo.
Esto derivó en el caso de una trabajadora de la Universidad Tecnológica de Durango, que tras sufrir un accidente de trabajo y no contar con seguro social, fue atendida a través de un seguro de gastos médicos, que no le otorga otros beneficios a los que tiene derecho por ley, como el pago de una incapacidad laboral.
“Lo grave del asunto es que están ante laboratorios que manejan reactivos químicos, herramientas pesadas y esto puede estar sucediendo con algo de gravedad, máxime que están perdiendo su derecho a la jubilación, es decir, un trabajador que tiene actualmente 20 años trabajando en una institución de este tipo, no tiene cotizado ni un año, probablemente no podrá alcanzar una pensión”, aseguró.