Ante el monto que implicará para el estado la liquidación del personal del Poder Judicial, una vez que se homologue la legislación estatal tal como lo marca uno de sus artículos transitorios, será necesario solicitar una partida presupuestaria al Gobierno federal, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), del Congreso del Estado, Héctor Herrera Núñez.
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Aún se desconoce cuál es monto total que se requerirá, pues aún se encuentra en análisis y se habla de la renovación de todo el Poder en un solo año, “estaremos analizando cuánto se podría renovar en el 2025 y cuánto en el 2027”, dijo.
Aunado a ello, es necesario ver cuánto se requerirá para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para que organice la elección el próximo año de jueces y magistrados.
Aunque no se ha dado nada de manera formal, ya se han sostenido algunos encuentros con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, ya que además del tema de liquidaciones, no se ha contemplado el de adecuaciones a las instalaciones, ya que la entrada del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, incluye características especiales para las salas de juicios orales por ejemplo.
Sin embargo el Gobierno del Estado no cuenta con el presupuesto necesario para hacerle frente a estos gastos, de ahí tendrán que iniciarse las gestiones ante la federación, ya que si está establecido en la ley, debe cumplirse.
Cabe señalar que en entrevista con Bonilla Saucedo, aseguró que Durango requiere por lo menos ocho nuevos juzgados para atender los nuevos casos que ingresen bajo los trámites de los requerimientos de la nueva legislación en materia civil y familiar, es decir, cinco jueces familiares y tres civiles.
Esto significa que lejos de disminuir la plantilla laboral de jueces, lo que se necesita es aumentarla, de lo contrario, quienes ya se encuentran en funciones deberán asumir la carga y con ello más trabajo, con menos presupuesto.