Es una verdadera falacia la versión que indica que los autos “chocolatos” son útiles para auxiliar la economía de los pobres, cuando en realidad se trata de vehículos que desecha el vecino país y que vienen a México en condiciones de ilegalidad y de riesgo, afirmó así el presidente de Coparmex en Durango, Oscar Moreno, al hacer un análisis sobre la intención del Gobierno Federal de regularizar estos automotores.
Al respecto, el dirigente del Centro Patronal de Durango, aseguró que una medida de este tipo, de regularizar lo ilegal, va en contra evidentemente de la economía del país, por la afectación que generará para una gran cadena productiva que conforma la industria automotriz.
Moreno Littleton señaló que la presencia de unidades con estancia ilegal el tierras mexicanas, no se sujeta ya exclusivamente a entidades del norte del país, sino que ocurre en el bajío y avanza hacia el sur.
El asunto de fondo, dijo, es que se trata primero de unidades de contrabando, ilegales, que además, presentan en un amplio porcentaje, condiciones mecánicas pésimas, dado que se trata de vehículos que ya cumplieron su vida útil en Estados Unidos, que ya nos les sirven allá.
De tal forma, añade, que es una falacia la idea aquella de que se trata de unidades que sirven para auxiliar en su economía a las familias de más escasos recursos, porque con más de 10 años de edad, estos automotores se pueden ver en calidad de chatarra en todos los rumbos de la ciudad.
Definitivamente una regularización de estos vehículos, vendría a golpear la economía de la industria automotriz y a otras, donde participan desde el que diseña la unidad, quien la realiza, quien la vende, quien la limpia, en fin, una gran cadena de personas cuyas familias pudieran padecer los efectos de esta idea del Gobierno Federal.
Es por ello que Coparmex está totalmente en contra de la regularización por constituir una amenaza para la economía, para los empleos, y por si fuera poco, para el medio ambiente.
Oscar Moreno hizo un llamado a las autoridades a respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que el mismo gobierno de México ha emitido.
