Unifican la imagen para el Estado y municipios

El objetivo fundamental es evitar el dispendio de recursos públicos en este rubro: Villarreal Solís

Víctor Blanco

  · viernes 7 de junio de 2019

Gerardo Villarreal Solís, diputado local

Será el próximo día 1 de septiembre de 2019, cuando entre en vigencia la nueva Ley de Imagen Institucional en Durango, cuyo objetivo fundamental es generar criterios claros que eviten dispendio de recursos públicos en este polémico rubro.

En este fecha se integran a esta legislación los 39 municipios, en tanto que hasta el primero de enero del año 2023, harán lo propio los tres Poderes y los órganos constitucionales autónomos.

Al respecto, el diputado Gerardo Villarreal, quien generó la iniciativa, expuso que si bien cada autoridad, puede determinar qué imagen institucional desea proyectar, también es cierto que cada cambio de administración conlleva un fuerte gasto en el cambio de dicha imagen.

Antes, el legislador expuso que la nueva Ley, establece las bases criterios de la imagen institucional, unificando la imagen para los Poderes del Estado y los municipios, independientemente de la administración que se trate, generando el espíritu de pertenencia entre los servidores públicos y que las personas identifiquen correctamente los mensajes oficiales.

A pregunta expresa, Villarreal Solís marcó que la Ley será obligatoria para los 39 municipios del Estado a partir del primero de septiembre del presente año; en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para los órganos constitucionales autónomos, a partir del 1 de enero de 2023.

De igual manera, precisó que los colores permitidos para utilizarse en la imagen son: blanco, grises y negro.

A la vez, advierte que en el caso de que no se dé cumplimiento a lo que establece la Ley se impondrán las sanciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Y es que, respaldó Gerardo Villarreal, una de las principales quejas y demandas de la sociedad es el dispendio de recursos públicos en la imagen institucional de cada ente público, lo que genera molestia entre la sociedad.

Si bien cada autoridad, puede determinar qué imagen institucional desea proyectar, también es cierto, que cada cambio de administración conlleva un fuerte gasto en el cambio de dicha imagen, gasto que bien podría utilizarse en diversos actos de verdadero beneficio a la sociedad.

Subrayó que una de las primeras acciones que llevan a cabo es el cambio de imagen oficial, el logotipo, colores, slogan, entre otros aspectos buscando imponer su sello personal a las gestiones y darles identidad propia a los programas únicamente con fines políticos.

Finalmente, afirmó que con la expedición de esta Ley de Imagen Institucional para el Estado y los Municipios, genera criterios claros que eviten dispendio de recursos públicos en el uso de la imagen institucional.