Una acción tajante en la que tengan participación los tres niveles de gobierno, es la que se tiene que llevar a cabo en el área de la presa del Hielo, donde habitan más de un centenar de familias en latente riesgo por la posibilidad de precipitaciones pluviales copiosas; “tenemos que impedir que se repitan desgracias como la de hace tres años en que perdieron la vida varios ciudadanos a raíz del desbordamiento de esta cuenta situada al noroeste de la ciudad”.
Así lo declaró en entrevista con este matutino, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca, quien al abordar el asunto de entrada marcó: “Debemos mandar un amable pero enérgico mensaje a las autoridades que tienen responsabilidad, para que no permitan más asentamientos irregulares que pueden generar una desgracia como la que ya vivimos hace tres años”.
Entonces, si las condiciones están, aunque a veces es un problema que vulnera porque la raíz es la pobreza y a veces también ignorancia o desconocimiento sobre donde se están asentando, pues es necesario no dejar el tema de lado e insistir en que se tomen acciones definitivas.
Desafortunadamente –reiteró- se trata de un problema donde efectivamente se confrontan la pobreza y la necesidad, y pueden darse casos de lucramiento.
Yo creo –dijo- que ahí la autoridad, de los tres niveles de gobierno, tiene que entrarle de lleno porque no puede permitir que se instalen esas familias en zonas irregulares y que ponen en riesgo la vida de las personas, sobre todo en temporadas de lluvias como la presente.
En periodos de estiaje no hay problema por este tipo de riesgos relacionados con las avenidas en esta zona de la ciudad, sin embargo, ya en septiembre de 2016 nos ocurrió la desgracia donde perdieron la vida varios ciudadanos.
Tenemos por tanto que hacer algo tajante dijo el ombudsman de Durango, quien a la vez formuló un exhorto a la ciudadanía que siente que se están violentando sus derechos humanos, para que acudan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la maquinaria de protección de este organismo no jurisdiccional, comienza precisamente con una queja presentada por la ciudadanía.