Además de tener el Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Durango, se debe de crear un andamiaje jurídico con el cual los jueces tengan las herramientas para obligar al papá y a la mamá a que los menores reciban su pensión alimenticia, así como la convivencia, declaró la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Yolanda de la Torre Valdez.
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El Sistema de Deudores Alimentarios es una realidad, dijo la magistrada, quien resaltó la importancia de esto, "si una persona que debe tres pesos es exhibida en el Buró de Crédito, mucho más a un padre o madre que deja brindarle los recursos para la subsistencia de la vida del menor".
Indicó que este Sistema que en breve entrará en vigor, es un primer paso, ya que se requiere de construir un andamiaje jurídico que permita a los jueces tener las herramientas para garantizar que los niños del país reciban su pensión alimentaria, de educación, vestido, entre otros, pero además de que tenga la convivencia con los padres. Se tiene que respetar el derecho del menor a ver a sus padres.
También manifestó que todos en la sociedad coinciden en que el deber una pensión alimenticia es una vergüenza pública, pero también se deben de tener los mecanismos jurídicos para obligar al deudor a cumplir con su parte, tanto a mamá como a papá.
Yolanda de la Torre, afirmó que no se permite el influyentísimo y en el Poder Judicial, se han escuchado las voces de las personas que se han sentido agredidas. "Hace unos días estuvo con un grupo de activistas a las que escuchó sobre las deficiencias procesales y administrativas que ellas perciben, por lo que se revisará este último tema", dijo.
Comentó que en el caso de las decisiones de los jueces, nadie puede influir y si una de las partes se siente afectada puede recurrir al amparo, a las revisiones y mecanismos que garanticen las decisiones apegadas a derecho.
Para concluir, la magistrada presidenta puntualizó que en el tema administrativo interviene el Consejo de la Judicatura, "tenemos una gran apertura con la sociedad civil, por ello seguiremos escuchando a las mujeres y varones, pues esto es un ejercicio permanente al que como autoridades tenemos la obligación de escucharlos y hacer que los procesos sean apegados a derecho, se cumpa con los términos, plazos para que se resuelva", puntualizó.