Urge proteger los derechos de grupos vulnerables

La protección de los grupos o personas en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres, los menores de edad, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los jóvenes, los migrantes y los pueblos originarios

Luis Cárdenas

  · miércoles 25 de septiembre de 2019

Marco Antonio Güereca Díaz, presidente de la CEDH

Marco Antonio Güereca Díaz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos compareció ante el Pleno del Congreso local, donde expuso sobre la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, la defensa y protección de los derechos fundamentales, la consolidación de la cultura de los derechos humanos, la sociedad participativa y la transparencia y rendición de cuentas.

Dijo que en Durango, la protección de los grupos o personas en situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres, los menores de edad, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los jóvenes, los migrantes y los pueblos originarios.

De ahí la importancia de proteger sus derechos fundamentales, garantizar la igualdad de oportunidades, y promover el rechazo a todas las formas de discriminación y violencia.

“Como respuesta a la alerta de violencia de género, diseñamos una campaña cuyo objetivo principal fue la construcción de puentes de comunicación con los diferentes sectores de la población, prioritariamente en los 16 municipios señalados, para en conjunto sumar esfuerzos y trabajar para disminuir los índices de violencia contra mujeres y niñas”.

Agregó que con el propósito de buscar soluciones a los principales problemas que aquejan a niñas, niños y adolescentes como son el trabajo infantil, la violencia y la deserción escolar, los embarazos adolescentes, el suicidio y la obesidad infantil, trabajan en la campaña Seamos Derechos con Niñas, Niños y Adolescentes buscando disminuir estas situaciones que pone en riesgo la integridad, la salud y la vida de niñas, niños y adolescentes.

“Seguiremos trabajando para derribar las barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados e impulsar políticas públicas a favor de la atención de la discapacidad, conscientes que lograr que Durango sea inclusivo y accesible es responsabilidad que a todos nos compromete”.

Añadió que la Comisión Estatal protege los derechos humanos a través de procedimientos cortos, sencillos y al alcance de toda la ciudadanía por acciones y omisiones de servidores públicos que vulneren los derechos humanos.

En el ejercicio que se informa, se recibieron mil 23 quejas en las 3 visitadurías: Durango, Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro

De ese total, el 58% corresponden a Servidores Públicos Estatales, 24% a Servidores Públicos Municipales y 18% a Servidores Públicos Federales.

Los cuerpos de seguridad fueron los que más números de quejas recibieron, seguidos por el sistema educativo y en tercer lugar el sistema de salud.

El principal concepto de violación señalado en las quejas es faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en segundo lugar se encuentra el concepto de detención arbitraria y en tercer lugar el de trato cruel, inhumano o degradante, es por eso que envío un exhorto de manera respetuosa a los servidores públicos, a realizar nuestras atribuciones con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos,

Así también se emitieron 13 Recomendaciones: 5 a la Fiscalía General del Estado, 4 a la Secretaría de Educación, 1 a la Secretaría de Seguridad Pública, 1 a la Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, 1 a la Presidencia Municipal de Durango y 1 a la Universidad Juárez del Estado de Durango.

“De estas Recomendaciones quiero hablarles de la Recomendación 18 de 2018, emitida ante los hechos lamentables ocurridos en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, donde se privaba del derecho a la educación por medio de la intimidación y la violencia a muchos jóvenes que legalmente se habían ganado su lugar y donde lamentable perdió la vida el joven Rolando Mojica Morales en esa llamada semana de inducción”.

En el período que se informa, mencionó, se capacitó a 29 mil 177 personas de los cuales 7 mil 937 fueron servidores públicos, el 45% con funciones administrativas, el 25% con funciones de seguridad, el 16% con funciones relacionadas con la salud y el 14% docentes y personal de guarderías.

De igual manera se capacitaron a 21 mil 240 personas, sobresaliendo el 84% en el rubro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Para consolidar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos se firmaron 5 convenios de colaboración que buscan sobre todo, capacitar a los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno, como una medida eficaz y eficiente de prevención de futuras violaciones de derechos humanos”.

Se garantizó el derecho al acceso a la información al dar respuesta a 210 solicitudes de transparencia en temas relacionados con Recomendaciones, corporaciones de seguridad y recursos financieros, entre otros, comentó.