Someter a votación a un grupo de ministras y ministros, magistradas y magistrados, además de juezas y jueces de todo el Poder Judicial en el país; representa la contratación de un equipo muy grande para organizar el proceso de elección, lo que significa un una importante cantidad de recursos económicos para determinar de manera popular quién estará en un puesto donde debe estar un profesional con carrera judicial.
El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández, advirtió que tan solo en Durango se cuenta con 39 municipios, sin embargo existen entidades que llegan a concentrar más de 500 Ayuntamientos, “imagínense cuánta gente se tiene que volver a contratar”.
Pues con esta decisión habría que poner en marcha toda una maquinaria para elaborar boletas, hacer campañas, fiscalizar, supervisar que no haya injerencia de los partidos políticos, entre otros; ello conlleva un desembolso importante de recursos.
Como especialista en el Derecho electoral, previó un riesgo que se podría tener al dejar que sean los ciudadanos a través de un voto popular quienes pueden ocupar puestos clave en la procuración de justicia.
“En la carrera judicial hay gente que empezó como notificadores, actuarios, secretarios, luego fueron jueces y magistrados; se ha demostrado que para poder escalar todo eso, se requiere del estudio y demostrarlo en la práctica, ¿dónde va a quedar esa carrera?, ¿se va a votar al más popular y no al más capaz?”, dijo a título personal.
Pese a ello, cree en la democracia y en los ejercicios que de ella emanan, un claro ejemplo es el resultado que se tuvo en el reciente proceso electoral, cuya jornada acumuló 768 mil 910 ciudadanos, con lo que se rebasó el 55 porciento de votación ciudadana, lo que considera histórico para un estado como Durango, donde las participaciones suelen ser bajas.
De ahí que si la ciudadanía eligió a sus representantes populares y estos a su vez deciden que el Poder Judicial sea reformado a esta magnitud, habría que respetar la decisión de la mayoría porque de eso se trata la democracia.
Reiteró que en la carrera judicial se debe tener una evaluación teórica y práctica de manera regular, sin embargo “yo sigo pensando que los jueces, magistrados, organismos electorales, deben ser además de profesionales, demostrar que son imparciales”.
