De 2018 a 2023 aumentó en 144 mil 350 el número de trabajadores de la Administración Pública Federal (APF), esto de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal y Gobiernos Estatales 2024 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según el informe del Inegi, en 2018 había un millón 476 mil 478 burócratas federales, y para el año pasado la cifra pasó a un millón 620 mil 828.
“Al cierre de 2023, se reportaron un millón 620 mil 828 personas servidoras públicas adscritas a las instituciones de la APF: 51 por ciento correspondió a mujeres y 49 por ciento, a hombres. Al comparar con 2022, la cantidad de personal aumentó 2.9 por ciento en 2023”, dice el Inegi.
A unas semanas de haber sido electo como presidente de México en 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó 50 puntos como parte de su Plan de Austeridad Republicana, en el que planteó la reducción del personal de confianza. En el punto 21 consideró la reducción de la estructura de confianza 70 por ciento.
En mayo de 2019, Presidencia de la República emitió un memorándum de Austeridad Republicana. La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron medidas que aplicarían en las más de 300 instituciones de la Administración Pública Federal con el propósito de liberar mayores recursos para el desarrollo del país.
“En materia de servicios personales y recursos humanos, no se contará con asesores en la Administración Pública Federal (APF) y los gabinetes de apoyo se reducirán en 30 por ciento, de acuerdo con la normatividad que emita la Función Pública. Únicamente habrá un máximo de cinco asesores en la Presidencia de la República”, dice el comunicado de la Función Pública fechado el 3 de mayo del 2019.
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Entre las medidas de austeridad que emitió en ese momento la Secretaría de la Función Pública destacó la eliminación de plazas con nivel de Dirección General Adjunta al argumentar que fueron creadas injustificadamente.
También se ordenaba que sólo el presidente, los secretarios de Estado y los subsecretarios podían contar con chofer, para todos los demás trabajadores de la Administración Pública Federal quedaba prohibido.
Cuatro semanas después, la entonces subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones de la SFP, Tania De la Paz Pérez Farca, defendió las medidas anunciadas por el gobierno federal.
“Se trata de medidas focalizadas para atacar dispendios, promover el ahorro en las oficinas gubernamentales, poner fin a estructuras duplicadas, así como a gastos ineficientes y onerosos, derroches, privilegios, remuneraciones y prestaciones excesivas que hacían de muchas instituciones públicas, organismos costosos y poco efectivos”, dijo De la Paz Pérez en conferencia de prensa el 30 de mayo de 2019.
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“No se trata de cerrar instituciones académicas y centros de investigación, ni de eliminar programas integrales de bienestar, ni de despedir injustificadamente servidores públicos, pues toda reorganización atiende a la eliminación de duplicidades y se realiza con estricto apego a derecho”, añadió.
Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno federal fue que en las oficinas de representación en el exterior se eliminaran 147 plazas que duplicaban funciones con la red de Embajadas y Consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Al principio del sexenio anterior había mil 343 plazas de Delegados Federales, Representantes en los Estados y Encargados de Oficina en los Estados, las cuales se reducirían.
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El 31 de julio de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales los puntos de austeridad republicana de su gobierno, entre los que destacan: una reducción del gasto de operación del Gobierno Federal; también una disminución en los sueldos de altos funcionarios y una recuperación de recursos en fideicomisos.
De acuerdo con el censo, al cierre del año pasado, se reportaron más de cuatro millones de personas servidoras públicas adscritas al Gobierno federal y administraciones estatales.
“En el mismo periodo (2023), a nivel nacional se reportaron dos millones 405 mil 272 personas servidoras públicas adscritas a las APE. Del total, 56.3 por ciento correspondió a mujeres y 43.7 por ciento, a hombres. Al comparar con 2022, hubo una disminución de 3.7 por ciento en 2023”, dice el Inegi.
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Las entidades del país que encabezan la lista con mayor personal adscrito al Gobierno federal y administraciones locales son: Estado de México; Veracruz; Ciudad de México; Jalisco y Guanajuato.
En tanto, según el mismo censo, los estados con menos trabajadores adscritos son: Baja California Sur; Campeche; Coahuila; Colima, Hidalgo y Morelos.
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