El juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, concedió un amparo al empresario queretano, Manuel Barreiro Castañeda, señalando de haber participado en una red de triangulación de dinero, en la que está involucrado el candidato presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Con esta decisión, laProcuraduría General de la República (PGR) no podrá ejercer acción penal contra el empresario inmobiliario, de quien se dijo este jueves, fue ubicado en Canadá sin que alguna autoridad judicial haya confirmado hasta el momento dicha información.
El amparo de la justicia federal al empresario, se da luego que la PGR solicitó alerta migratoria para dar con su paradero a quién investiga por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de una denuncia en la que se menciona que Barreiro trazó un esquema de triangulación para hacer llegar 54 millones del pesos al candidato a la Presidencia por la coalición “México al Frente”,Ricardo Anaya.
La institución indicó que el pasado 26 de octubre recibió una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de lo cual se inició carpeta de investigación.
Este jueves, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México Patricio Leopoldo Vargas, concedió una suspensión provisional al empresario, para que en caso de que efectivamente tengan la calidad de imputados, en la carpeta de investigación que inició la PGR,o cualquier otra, la autoridad ministerial responsable no las determinen por cuanto hace a los quejosos, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
El juez, especificó que la medida cautelar, no implica la paralización de la facultad de investigación del Ministerio Público Federal y consecuente integración de la carpeta, ello con la finalidad de evitar perjuicios de imposible reparación a los justiciables, quienes podrían verse afectados en su derecho de defensa, en el caso de que las autoridades ministeriales determinen ejercer acción penal en su contra, caso en el cual, quedaría irreparablemente consumada la violación procesal, al cambiar necesariamente la situación jurídica de la agraviada, haciendo improcedente el juicio de amparo.
En sus investigaciones, la PGR sospecha que el empresario tres empresas en México y dos en Canadá, y en un paraíso fiscal.
