La Secretaría de Gobernación (SEGOB) criticó la política migratoria de Estados Unidos al considerar que la aplicación del Título 42 ha sido selectiva y ha obstaculizado el correcto funcionamiento de la estrategia del gobierno mexicano para atender a la población repatriada de nuestro país.
“La implementación del Título 42 obvia los protocolos de protección establecidos por años entre los gobiernos de Estados Unidos y México para conseguir un retorno ordenado y seguro; en este contexto, aunque se han gestionado estrategias para favorecer a la población tanto mexicana como de otras nacionalidades, estas acciones no han sido suficientes para cubrir a toda la población afectada por este tipo de medidas”, subraya el Centro de Estudios Migratorios, dependiente de la SEGOB.
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En su informe Título 42 Cambios y Afectaciones a Raíz de su Implementación, destaca, además, que desde un inicio el Título 42 se concentró solo en algunas personas de ciertas nacionalidades que buscan entrar desde el extranjero a Estados Unidos, siendo la población mexicana y del norte de Centroamérica los más afectados en los años 2021 y 2022. Esto- afirma el informe- evidencia que más que una política de salud, esta medida unilateral se ha utilizado como una estrategia para evitar que personas extranjeras de los países que históricamente habían solicitado asilo sigan haciéndolo.
El Título 42, el cual fue aprobado en 1944 e impide la entrada de personas y bienes desde el exterior ante la existencia de cualquier enfermedad contagiosa en un país extranjero, fue implementado a partir del 20 de marzo del 2020 bajo la administración del republicano Donald Trump.
En abril del 20202, ya con la administración del presidente Joe Biden, las autoridades sanitarias anunció la derogación de esta medida, por lo que se planteaba que, a partir del 23 de mayo de 2022, las personas migrantes detenidas entre las fronteras de México y Estados Unidos no serían expulsadas y los puertos de entrada se abrirían nuevamente para quienes se encontraran en situación de riesgo; por lo demás, su cancelación daría pie a la posibilidad de presentar solicitudes de asilo.
Esta decisión fue tomada a raíz de la disminución de los contagios por Covid-19 y en virtud de que los condados de la frontera México- EU presentaban ya un nivel bajo de riesgo. Sin embargo, el 20 de mayo de 2022, el juez Robert Summerhays del estado de Luisiana frenó la derogación, bajo el argumento de que no se puso a consideración pública la rescisión de esta medida y que el incremento de los flujos migratorios impondría costos más altos a los estados fronterizos, pues las y los recién llegados iban a requerir de atención médica
Hasta febrero de 2023, bajo esta medida, según el informe de la SEGOB, se han llevado a cabo 2.7 millones de eventos de expulsión de personas por las diferentes fronteras estadounidense imposibilitando la búsqueda de asilo para quienes lo soliciten y exponiendo a miles de personas migrantes a mayores situaciones de riesgo.
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“El Título 42 ha sido un impedimento para que la frontera entre México y Estados Unidos sea un espacio de movimiento internacional controlado, puesto que su implementación ha significado la expulsión de miles de personas tanto mexicanas como de otras nacionalidades por puntos migratorios irregulares. Esto provoca que el gobierno mexicano subrepresente a la población expulsada nacional y extranjera y, por lo tanto, que no cuente con los elementos suficientes para dimensionar la magnitud de este fenómeno, situación que puede generar que las políticas diseñadas para atender este fenómeno no respondan realmente a las problemáticas que se susciten y que, por ello, no se asignen los fondos suficientes para garantizar los derechos de ambas poblaciones”, advierte el estudio.
