El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgó bajo criterio de “excepción” un contrato de hasta dos mil 315 millones de pesos a dos de las empresas del llamado Cártel de la Sangre, sancionadas e inhabilitadas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por realizar prácticas monopólicas y vender estudios clínicos a sobreprecio.
Dicipa e Instrumentos y Equipos Falcón brindarán el servicio durante el presente año, en tanto comienza un procesode “transición” a empresas que puedan ofrecerlo en 2024. Lo anterior “(...) por esta única ocasión en lo que se realiza la transición entre las empresas que pudieran prestar los servicios, mismas que sustituirán a los proveedores inhabilitados”.
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Así se establece en la justificación de la excepción a la licitación pública, con fecha del 29 de diciembre de 2022, es decir, cuatro meses después de la inhabilitación de las empresas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó la circular del 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, en la que se pide a los entes de la administración pública no suscribir contratos con dichas compañías.
Ambos proveedores acumularon sanciones económicas por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), las cuales, además, fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la última década.
Según la Cofece, el llamado Cártel de la Sangre generó un daño de poco más de mil 200 millones de pesos al erario por esas prácticas detectadas en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En diciembre pasado, a propuesta de la directora Normativa de Administración y Finanzas del Instituto, a cargo de Almendra Ortiz, extitular de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ISSSTE adjudicó a ambos proveedores un paquete de 14 estudios bajo el nombre de Servicio Integral de Laboratorio y Análisis Clínicos, para un periodo de un año.
El objetivo es realizar pruebas de química sanguínea, identificación hematológica, coagulación, uroanálisis, microbiología, inmunología, virología, hormonas, marcadores tumorales o de drogas terapéuticas, establece la justificación relativa a la procedencia de exceptuar la licitación pública para ese servicio.
De acuerdo con el documento revisado por El Sol de México, publicado en CompraNet, el ISSSTE identificó al concluir el estudio de mercado cuatro aspectos: pocas ofertas de empresas que podían cumplir la cantidad y calidad del servicio con entregas oportunas, capacidad en proveeduría nacional, que existía al menos un oferente por cada una de las cinco partidas del concurso y que garantizaban el servicio.
En tres partidas sólo se consideró una cotización, puesto que el resto de los participantes no cumplieron los requisitos del servicio, una práctica que en el pasado tuvieron las empresas que identificó la Cofece y que propiciaron su sanción.
El 10 de agosto de 2020, esa comisión describió que las prácticas monopólicas consisten en “arreglos e intercambio de información entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto y/o efecto de coordinar posturas en licitaciones públicas”.
La Comisión calificó la práctica como “conducta ilegal” y “grave”, dado que eliminó la posibilidad de que el Instituto y el IMSS pudieran aprovechar los recursos para mejorar otras áreas y causaron, además, un detrimento en la calidad del servicio.
En el reciente proceso de adjudicación, el Comité de Compras del ISSSTE buscó en CompraNet qué empresas brindaron ese servicio a la Cuatroté de 2019 a 2022 y encontró que la inversión de 35 mil 895 millones de pesos se repartió entre 20 proveedores, entre los cuales se encuentran 11 compañías del llamado Cártel de la Sangre. Esta inversión es semejante a la que tiene la Guardia Nacional este año.
En la revisión se ubicaron otros tres proveedores a nivel estatal que facturaron más de 123 millones de pesos, todos ubicados en Chiapas.
Con esa información, el ISSSTE, a través del área que encabeza Almendra Ortiz, lanzó la convocatoria y solicitó a la Unidad de Auditoría que las empresas sancionadas pudieran prestar “servicios demérito”, pese a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a nueve empresas por siete años y les impuso una multa de más de 902 millones de pesos.
El instituto recibió cinco propuestas: Instrumentos y equipos Falcón, Dicipa, Impromed, Centrum Promotora Internacional, así como de Laboratorios San Ángel.
Las primeras cuatro son parte del Cártel. En ese proceso se encontró que una de los participantes presentó condiciones diferentes a lo señalado en la convocatoria.
Al revisar los precios, en tres de los rubros sólo se consideró a una de las propuestas, dado que el resto cambió las condiciones que marcaba la convocatoria, mientras que sólo cuatro informaron que tenían la capacidad para arrancar operaciones el 1 de enero.
Por ello, el ente determinó cotizar con los prestadores del servicio en ese momento, es decir las empresas sancionadas, bajo el argumento de garantizar la “continuación ininterrumpida del laboratorio clínico, dada la prioridad de ser un servicio soporte de vida”.
El ISSSTE afirmó que de no hacerlo “se podría ocasionar tanto pérdidas (de vida) como costos adicionales”, de manera que “la continuidad es de vital importancia”.
Incluso, insistió, de no hacerlo “podría ocasionar graves consecuencias para la salud e incluso poner en riesgo la vida de los derechohabientes y su calidad en un corto, mediano y largo plazo”.
Según la justificación, el contrato que representará un gasto máximo de hasta dos mil 315 millones de pesos “garantiza que no existen pérdidas o costos adicionales al ISSSTE, las empresas ofrecen los costos más bajos y evitaría pérdidas para la institución”. Además, el servicio se brindará en “tiempo y forma”.
Esta adjudicación ocurre a medio año de que la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, que encabeza Almendra Ortiz, exjefa de Ayudantía del Presidente, otorgara los servicios de rayos X, endoscopías y mastografías a la empresa Imedic, cuyo objeto social es perfumería, abarrotes y cuestiones inmobiliarias, además reporta como sedes domicilios fachada, como reveló OEM.
La empresa incumplió con la prestación de servicios, lo cual afectó a más de 57 mil pacientes, provocó el fallecimiento de nueve personas, así como cirugías canceladas o reprogramadas. Las denuncias fueron acreditadas por la Función Pública y la empresa inhabilitada por 45 meses, el pasado 14 de diciembre.
No sólo en esta administración se han detectado anomalías. La Auditoría Superior de la Federación detectó al revisar la Cuenta Pública de 2011 que el ISSSTE no tenía indicadores de gestión y desempeño para evaluar los servicios de laboratorio de análisis clínicos y de banco de sangre.
Señaló que la institución carecía de legislación suficiente para determinar las necesidades de las unidades médicas respecto a los servicios médicos. Además, encontró casos como el del Hospital Regional Primero de Octubre, donde encontró 72 pruebas a costos superiores de entre 10 por ciento a 776 por ciento, mientras en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre no hicieron 142 mil pruebas de laboratorio y en el Hospital Regional Primero de Octubre, 12 mil, debido a que no se incluyeron en la licitación.
Para Andrés Castañeda, coordinador de la organización Salud de Nosotrxs, hay indicios de que de nueva cuenta las empresas “se están poniendo de acuerdo, se organizan para elevar los precios o hacen uso de algunas mañas para que les sean entregados los contratos en concursos a modo, en los que incluso pueden participar servidores públicos bajo algún arreglo que se debe seguir investigando”.
Afirmó que una solución sería fragmentar o regionalizar la contratación, al tiempo de impulsar la competencia con el surgimiento de nuevas empresas, donde el papel de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) son centrales.
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Pero para ello, dijo, se “requiere mejores condiciones para la inversión, (así como) certeza de procesos limpios y transparentes, predecibles sobre lo que se requiere comprar”.
En su opinión, este caso hace evidente la necesidad de contar con una política farmacéutica nacional que brinde información clara respecto a las necesidades del servicio y certeza a los oferentes. “Lo que no se puede hacer es el portazo de 2019, cerrarle el paso a estas empresas que han brindado servicios y dejar sin atención a los pacientes”.
