De manera unánime, un Tribunal colegiado echó para atrás el amparo temporal que otorgó una jueza el pasado 10 de octubre para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se haga con el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional como lo aprobó el Congreso de la Unión.
El proyecto a cargo del magistrado José Gerardo Mendoza Gutiérrez argumentó que el recurso interpuesto es improcedente porque el activista Ángel Castro Gómez, miembro de la organización Uniendo Caminos México, no demostró tener un interés jurídico o legítimo para frenar la reforma aprobada por el Congreso en septiembre pasado.
De tal manera que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito echaron para atrás la resolución de la jueza adscrita a Irapuato, Guanajuato, quien el pasado 10 de octubre dio la razón de manera temporal a Castro Gómez.
En dicha determinación, la jueza Karla Macías indicó que la Sedena no podría hacerse del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por lo menos hasta este viernes, cuando notificaría si otorgaba de manera definitiva el amparo a favor de la organización Uniendo Caminos México.
Hasta el momento, a pesar de los reclamos desde la sociedad civil y los partidos de oposición, ese ha sido el único revés jurídico que ha enfrentado la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se sabe que la organización Uniendo Caminos México, así como Unión Cívica 1 País, Firma Jurídica AC&AC Asociados, y Tojil EeK han promovido por lo menos 52 amparos más.
El pasado 13 de octubre, cuando dieron a conocer su victoria momentánea, las organizaciones explicaron que su posición no es contra el despliegue de las fuerzas armadas por sí mismo, pero pidieron que éste fuera acompañado por un mejoramiento de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.
Por ello, en su amparo solicitaron que fuera suspendida la reforma para que posteriormente sea declarada inconstitucional por violar el artículo 21 de la Constitución y atentar contra la seguridad de la ciudadanía, ello en referencia a las reiteradas violaciones de derechos humanos que se han documentado desde las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, al día siguiente el presidente López Obrador aseguró que el amparo otorgado por la juez de Irapuato es parte de una estrategia de la oposición para frenar la reforma, como ocurrió con sus proyectos de infraestructura, sin embargo, se mostró convencido para que su plan de seguridad avance.
“Hay que estar contestando los amparos porque es todo un plan (de la oposición), ustedes deben de imaginar, no hace falta investigar mucho, ahí vamos avanzando, poco a poco y seguimos adelante”, sostuvo en su conferencia matutina del viernes pasado.
