LIMA. El ya expresidente peruano Pedro Castillo puso fin a su turbulento mandato al dictar un extemporáneo cierre del Congreso, calificado mayoritariamente como un golpe de Estado, horas antes de que se votara una moción de destitución en el Congrso que, según todas las cuentas, no iba a prosperar.
El Congreso destituyó a Castillo por “incapacidad moral” y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.
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Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, detenido en la Prefectura de Lima por el delito de rebelión tras el intento fallido de disolver el parlamento.
Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció ayer que era blanco de “un ataque sin cuartel” por parte del parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.
Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
Las Fuerzas Armadas y la Policía peruana habían emitido un comunicado conjunto en que dejaban sólo a Castillo, al afirmar que él estaba cometiendo “una infracción a la Constitución”.
La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa de Estado y dijo que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.
Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, anunció que “hay una comisión de un hecho en flagrancia” y que Castillo “está en calidad de detenido”.
La fiscalía dijo que Castillo es investigado por el delito de “rebelión”.
“El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional”, informó la Fiscalía en un comunicado.
Según el artículo 346 de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como “el que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional” y recoge que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación”.
Imágenes de televisión local mostraron a un compungido Castillo sentado, junto a uno de sus funcionarios clave, en una habitación de la prefectura policial de Lima, hasta donde llegó luego la fiscal general, Patricia Benavides.
Un grupo de simpatizantes y detractores de Castillo se enfrentaron frente al centro donde está detenido en Lima.
Los cuerpos de la Policía Nacional de Perú (PNP) tuvieron que intervenir con gases lacrimógenos y detener a algunos de los manifestantes para poder liberar la céntrica avenida Alfonso Ugarte.
Con palos, banderas y otros objetos un grupo se enfrentó a golpes y empujones frente a la comisaría.
Los simpatizantes de Castillo lanzaron piedras, adoquines y otros objetos a los cuerpos policiales de la PNP en el centro de la capital peruana en protesta por la detención del expresidente.
VISIONES ENCONTRADAS
“¡No era presidente; era un delincuente!”, gritaban por su parte los opositores frente a la sede policial.
“Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte”, dijo Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.
“No puede disolver el Congreso, lo ha cerrado sin ningún motivo, se va a ir a la cárcel. Lo siento por él y su familia”, señaló la comerciante Roxana Torres, de 48 años.
“Que la vicepresidenta Boluarte trabaje bien, que se rodee de gente que la asesore bien”, pidió por su lado Ricardo Palomino, un ingeniero en sistemas de 50 años que calificó de “totalmente inaceptable e inconstitucional” lo ocurrido.
Pero Sissy, una obrera municipal de 50 años que no quiso dar su apellido, pidió “respetar el voto del pueblo”.
“Desde que entró el presidente lo han humillado, no han aceptado a un presidente de provincias, el pueblo no es Lima, es todo el Perú, por eso no vamos a permitir” que saquen a Castillo, exclamó.
Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta “organización criminal” que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La destitución del izquierdista, que tenía una rechazo de 70 por ciento según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.
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Tras la destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó rápidamente a Castillo de “expresidente” y estimó que los congresistas peruanos tomaron “medidas correctivas” de acuerdo con las reglas democráticas.
Tras el mensaje de Castillo a la nación, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.
“Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional”, dijo Boluarte en Twitter.
“Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia”.
“Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”. Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es “un autogolpe”.
“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, dijo.
OLA DE RENUNCIAS
Tras el anuncio de disolución del Congreso varios ministros y funcionarios de organismos internacionales anunciaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.
El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a “la ruptura (...) del orden constitucional”.
“A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores”, dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.
MÉXICO ACUSA A ÉLITES
Países de América manifestaron su preocupación por la situación en Perú y pidieron respetar la democracia tras la destitución de Castillo.
El gobierno de México lamentó “los últimos acontecimientos” en Perú y abogó “por el respeto a la democracia y a los derechos humanos” tras el agravamiento de la crisis política, según escribió en Twitter el canciller Marcelo Ebrard.
Ebrard señaló que “si Castillo pide asilo a México, se lo damos, pero no lo ha solicitado” Y anunció el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el próximo miércoles en Lima.
Por su parte, el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, acusó a las “élites económicas y políticas” de la destitución de Castillo, en medio de un “ambiente de confrontación”.
El gobierno brasileño calificó la decisión de disolver el Congreso peruano de “incompatible con la estructura normativa constitucional de este país”.
Poco después, el mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le deseó “éxito” a la vicepresidenta Boluarte al asumir el cargo de Castillo, destacando que Perú necesita “diálogo, tolerancia y convivencia democrática”.
Desde el 2016 el país ha tenido cinco presidentes, incluyendo a Castillo. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de una votación de destitución, mientras que Martín Vizcarra fue defenestrado en el 2020 por el Parlamento.