Con 27 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado aprobóla reforma electoral que disminuye de 30 a 20 diputados (12 electosde mayoría relativa y ocho plurinominales); eleva de tres a cincoel porcentaje para acceder a un espacio en el legislativo; aumentade cinco a 12 años el requisito de residencia para quien aspire aser gobernador de Morelos y aprueba la reelección de diputados,quienes no tendrán que separarse del cargo para acceder a esteespacio.
Una vez aprobada la reforma, ésta pasará a los 33ayuntamientos locales para su aprobación, por ser una enmiendaconstitucional, a fin de que en un plazo de 30 días pueda avalarsey ser publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad”para su aplicación en el próximo proceso electoral 2018.
De acuerdo con el diputado Enrique Laffitte Bretón, dichareforma traerá consigo un cambio de paradigmas en la forma en quese entiende y vive la política morelense.
Indicó que el Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciónDemocrática (PRD), en concordancia con fuerzas políticasrepresentadas en el Congreso, trabajaron democráticamente en laconformación de esta propuesta, la cual tiene como objetivo lograrinstituciones de representación ciudadana menos robustas y máseficientes, privilegiando en todo momento la eficacia en el gastopúblico y la pluralidad.
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Estas modificaciones constitucionales tienen de maneraespecífica los siguientes objetivos: la instauración demecanismos de participación que verdaderamente reflejen el sentirde la sociedad morelense, los cuales serán llevados a cabo por elInstituto Morelense de Procesos Electorales y ParticipaciónCiudadana (Impepac). También se plantea una reducción dediputados, por lo que ahora se contará con 12 legisladores electosde mayoría relativa y ocho por el principio de representaciónproporcional; con lo anterior se responde a las exigenciasciudadanas en materia de austeridad y ahorro en los gastos delPoder Legislativo.
Asimismo, se aprobó subir el porcentaje para acceder a unadiputación plurinominal, del tres al cinco por ciento, y con ellolograr un Congreso que sí represente el voto ciudadano, sin dejarde garantizar en ningún momento la pluralidad política.
Los diputados coincidieron en que sus representantes ygobernantes deben contar con una residencia efectiva en el estadopara poder velar por los intereses de esta ciudadanía y por elloes que se reforman los años de residencia para diputados, miembrosde ayuntamientos y gobernador del estado, así como los requisitospara obtenerla.
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Por otro lado, este proyecto atiende la necesidad de reglamentarla reelección, recordando que el Constituyente Permanenteincorporó en el 2014 esta figura, y al día de hoy no existenreglas claras que garanticen claridad en la contienda, así como lano utilización de recursos humanos, materiales y económicospropios del encargo público en campañas electorales.
Por ello es que el dictamen aprobado no los obliga a separarsedel cargo, ya que esto atentaría contra la naturaleza misma de lareelección, pero sí se sientan las bases y las reglas para quelos servidores públicos, si optan por no retirarse del cargo, noutilicen ningún recurso público para fines electorales.
El último tema se refiere a las adecuaciones necesarias que sehicieron para garantizar la paridad de género, por lo que seincluye la igualdad horizontal y vertical tanto para diputacionescomo miembros de Cabildo, y con ello en la siguiente elección dejulio de 2018 se tendrá a más mujeres en cargos de elecciónpopular.
Cabe destacar que a finales de este mes se tendrán que aprobarlas reformas secundarias derivadas de este decreto, a fin de tenerlas reglas claras previo al inicio del proceso electoral quearranca la primera semana de septiembre de este año. Ya en ladiscusión, el diputado Jesús Escamilla manifestó su rechazo aeste dictamen y votó en oposición, al referir que se atentacontra los partidos pequeños, como el suyo, que sólo tienen unaño de vigencia.
Mientras tanto, los representantes de los partidos Nueva Alianzay Encuentro Social hicieron algunas reservas a artículos diversosque, dijeron, analizarán jurídicamente por considerar que vancontra sus derechos políticos, asentados en la Constitución.
