La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de seis policías federales en Querétaro dedicados a extorsionar automovilistas a quienes les pedían fuertes cantidades de dinero a cambio de no ser detenidos y remitidos por faltas de tránsito.
La SSP señala que la Unidad de Asuntos Internos abrió un expediente e inició el procedimiento para darlos de baja, además colaborará ampliamente con las instancias correspondientes en la integración de la carpeta de investigación.
Mediante una tarjeta informativa, la SSPC señala que la detención de seis policías federales por policías municipales de Querétaro, derivado de una denuncia ciudadana, sí son elementos activos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal.
“Se ha instruido a la Unidad de Asuntos Internos abrir un expediente e iniciar el procedimiento para darlos de baja, además colaborará ampliamente con las instancias correspondientes en la integración de la carpeta de investigación”.
Reprueba cualquier conducta alejada a la observancia de la ley y reitera su compromiso de emprender acciones en materia de seguridad pública dentro del marco que define la Constitución y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo a los hechos, los uniformados fueron sorprendidos por policías estatales en avenida de La Luz, donde los elementos federales intervinieron un automóvil en el que viajaba tres jóvenes por presuntamente incurrir en una falta de tránsito, solicitándoles 10 mil pesos para no ser detenidos.
Los familiares de los jóvenes alertaron a las corporaciones de seguridad mediante una llamada al número de emergencia 911, desplazándose al perímetro elementos de seguridad municipales.
Ahí los seis sujetos que mantenían retenidos a los jóvenes se identificaron como policías federales, quienes no habrían podido acreditar la falta en que incurrieron los detenidos.
Fue así que elementos de seguridad pública municipal procedieron a su detención y pusieron a disposición de Fiscalía General de la República (FGR) a los seis elementos junto con las evidencias recabadas en el trabajo de primer respondiente para que esta instancia determine si existió o no delito de los servidores públicos y en su caso, actuar en consecuencia.