Juan Manuel vive y trabaja en la Ciudad de México, pero tiene una casa en el fraccionamiento El Pedregal en Tizayuca, Hidalgo, la cual fue invadida a principios de abril por una persona que se dedica a vender tamales en esa zona. El problema la ocupación ilegal de casas se incrementó debido a la pandemia por Covid-19, principalmente en el Estado de México e Hidalgo, donde miles de capitalinos han adquirido viviendas a través de Infonavit y FOVISSTE.
El confinamiento decretado por la emergencia sanitaria hizo imposible para muchos dueños visitar sus viviendas, situación que fue aprovechada por algunas personas que decidieron ocupar esos inmuebles de manera ilegal.
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Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que durante 2019 se registraron, sólo en el Estado de México, tres mil 696 denuncias por despojo, mientras que durante 2020 el número de denuncias es de 360 mensuales en promedio, es decir, que la cifra preliminar de enero a septiembre sería hasta de de tres mil 200 denuncias.
El problema es de tal magnitud que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) creó la Unidad Especial para la Investigación de Delitos contra el Desarrollo Urbano y Despojo en el municipio de Ecatepec, uno de los que más presenta este delito. Esta área comenzó a operar en septiembre de 2020 y sólo estará en funciones hasta diciembre de 2021.
Aunque Juan Manuel logró desalojar al invasor y ponerlo a disposición del Ministerio Público, la mayoría de las personas que vive este problema enfrentan largos procesos legales para recuperar sus viviendas o pierden su patrimonio. Tal es el caso de Alma, quien pidió no usar su nombre real por temor a represalias, mujer jubilada de 70 años de edad a quien le resulta difícil aceptar que el patrimonio que tenía pensado heredar a sus dos hijos se haya perdido irremediablemente.
Vecina de Ecatepec, relató que hace una década compró un par de casas en el fraccionamiento Villas del Real, municipio de Tecámac. La lejanía de sus centros de trabajo no permitió a los hermanos ocupar las viviendas, por lo que decidieron encargarlas a sus vecinos, a quienes les proporcionaron sus números telefónicos en caso de problemas.
A mediados de julio Alma recibió la llamada de un sujeto que le exigió llevar los papeles de ambas viviendas porque aseguró eran de su propiedad y la amenazó para que no denunciara.
Alma se armó de valor y fue a ver sus viviendas que encontró cerradas con candados ahí los vecinos le comunicaron que habían sido ocupadas por invasores, quienes bajo amenazas consiguieron su número telefónico. Ante el temor de que los éstas personas le causen daño a ella o a sus hijos decidió no denunciar y prefirió perder las propiedades.
Situación similar vive en Chalco Irene, de 57 años, quien para no estar sola durante la emergencia sanitaria decidió mudarse desde mayo con su hija, sin embargo, en su ausencia unas personas invadieron su hogar ubicado en la Unidad Habitacional Los Héroes.
Aunque Irene sí decidió denunciar, se encontró con el problema de que la oficina de la Fiscalía mexiquense estaba cerrada por la pandemia. Tras un mes de pedir el apoyo a las autoridades, aseguró que la respuesta fue nula, e inclusive funcionarios de la Fiscalía en Chalco le pidieron que de ser posible llevara a los invasores.
“Es muy injusto que gente vividora que no le cuestan las cosas nada más se la viven a ver a quién perjudican, llevo muchos años trabajando y nueve años pagándola, se me hace muy injusto que esa gente que no le cuesta trabajo las cosas, te despoje de algo que te costó muchos años de tu vida”, comentó.
En el país se estima que existen 650 mil viviendas abandonadas. Tan sólo en los valles de Toluca y México, la cifra asciende a cuatro mil 300, mientras que en Hidalgo existen 17 mil 298, de las cuales siete mil 828 están invadidas.
De acuerdo con el delegado de Infonavit en Hidalgo, Oscar Gallegos, la principal causa de invasión de viviendas se da a manos de organizaciones sociales, cuyos dirigentes se apoderan de las casas deshabitadas y las rentan a terceros, pero se trata de un problema entre particulares en el que no puede participar la institución. Con información de Fernando Solís y Orlando Salinas, Sandra Hernández | El Sol de Toluca
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